La pregunta ha empezado a rondar en las conversaciones de colombianos mientras la polarización política se intensifica. ¿Qué sucedería si después de la segunda vuelta alguien no acepta los números que salen de las urnas? Es una inquietud que va más allá del análisis técnico de elecciones, porque toca el nervio mismo de la democracia colombiana.

El exregistrador nacional Juan Carlos Galindo, quien habló con EL COLOMBIANO, es claro en algo fundamental: si el país llegara a una situación donde se rechacen las cifras oficiales, Colombia entraría en un territorio legal completamente desconocido. Y eso es preocupante, porque no hay mapas que guíen esa ruta.

Para entender por qué es importante esta distinción, hay que conocer cómo funciona el conteo. Cuando a las cuatro de la tarde cierran las urnas, los jurados diligencian el formulario E-14 por triplicado. El primer ejemplar genera el preconteo, esos números preliminares que conocemos en hora y media de cerrado el proceso. Galindo explica que históricamente estos datos preliminares y los resultados oficiales coinciden en un 99,94 por ciento. El segundo ejemplar se digitaliza y se publica en internet para que cualquiera pueda verificarlo. El tercero entra en una bolsa con los votos originales y comienza el camino hacia el escrutinio oficial, pasando por jueces y notarios que son quienes, en última instancia, validan legalmente la elección.

Aquí viene lo delicado. Es completamente legal que alguien espere el escrutinio oficial de los jueces antes de aceptar números, porque ese es el único proceso con validez legal real. El Consejo Nacional Electoral suele declarar al ganador en dos días. El problema ocurriría después, cuando el CNE haya dicho oficial y formalmente quién ganó. Si en ese momento el presidente, el gobierno o un candidato se rehúsa a reconocer el resultado, Colombia estaría en aguas totalmente nuevas. "No sabemos, porque es que nunca, nunca, nunca se ha presentado esa circunstancia en el país", afirma Galindo sin ambigüedad. No existen precedentes, no hay jurisprudencia clara, no hay mecanismos definidos para eso.

Gustavo Zafra Roldán, exconstituyente, prefiere mantener la calma. Señala que el preconteo más el escrutinio pueden completarse en dos horas inicialmente, y que el definitivo tarda máximo una semana. Recuerda que en 2022, cuando Gustavo Petro fue elegido presidente con 11,2 millones de votos (la cifra más alta en la historia del país), su campaña aceptó los resultados del preconteo como referencia. Rodolfo Hernández reconoció su derrota tras el escrutinio preliminar. En ese caso, el sistema funcionó como debía.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, también lanzó su voz de cautela. Dijo que ha perdido elecciones y las ha acatado, que el propio Petro ha perdido elecciones y las ha acatado, y que ese debe ser el comportamiento en un país que respeta la democracia. "Este es un país que respeta el proceso democrático y acata los resultados y eso no puede cambiar hoy", afirmó. Agregó algo importante: que cualquier disputa, cuestionamiento o impugnación debe canalizarse a través de los mecanismos que la ley establece, no fuera de ella.

La recomendación de los expertos es la cautela institucional. No anticiparse, esperar a que el CNE emita su declaración oficial. Porque una situación donde se rechacen resultados después de que se hayan declarado oficialmente sería, literalmente, territorio inexplorado para Colombia. Y eso es justo lo que nadie quiere descubrir.