El proceso de paz con el Clan del Golfo, ahora renombrado Ejército Gaitanista de Colombia, atraviesa su peor momento. La tensión estalló cuando el Gobierno pidió suspender 29 órdenes de captura contra cabecillas de esa estructura armada para que puedan ingresar a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) a partir del 25 de junio de 2026. Lo polémico es que entre los solicitados está alias Chiquito Malo, el máximo jefe del grupo, quien tiene orden de extradición a Estados Unidos.

La fiscal general Luz Adriana Camargo respondió con firmeza. En lugar de aceptar la suspensión automática, su despacho anunció que hará una verificación individual de cada persona, revisando su identidad, su situación legal real y si realmente pertenece al grupo. "Esta verificación no puede depender únicamente de lo informado por miembros del grupo, sino que debe ser realizada por autoridades del Estado mediante un mecanismo claro, trazable y verificable de identificación, movilidad y permanencia", señaló la Fiscalía en su resolución. Además, condiciona cualquier avance a que el Clan demuestre cosas concretas como desarticular sus estructuras armadas, respetar el derecho humanitario, entregar menores reclutados a la fuerza, ubicar desaparecidos, entregar armas y abandonar actividades contra civiles.

La Fiscalía fue clara: estar en las ZUT no significa que se suspendan las investigaciones penales ni que los integrantes tengan permiso de moverse libremente. Sobre alias Chiquito Malo, insistió en que Colombia debe cumplir sus compromisos de cooperación judicial internacional. La defensora del Pueblo, Iris Marín, también se sumó a las alertas, advirtiendo que suspender las capturas podría crear "incentivos perversos" y debilitar la democracia en regiones donde el Clan tiene influencia.

Petro entró en la cancha. Por redes sociales, reafirmó que la conducción de la paz es exclusivamente del presidente y tiene facultades constitucionales para declarar un proceso en fase avanzada. Sin embargo, también se desmarcó de la Comisión de Paz por haber incluido a Chiquito Malo sin consultarlo. Aclaró que no ha suspendido su extradición y ordenó rehacer inmediatamente el listado de cerca de 400 integrantes que irían a las ZUT en el sur de Córdoba, esta vez excluyendo a cualquiera que tenga procesos de extradición pendientes. Según el Presidente, ese beneficio podría evaluarse después "condicionado al cumplimiento integral de los acuerdos".

Pero mientras Petro intentaba calmar las aguas, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, escaló la tensión con un comunicado público. Patiño aseguró que la suspensión de capturas opera automáticamente por la Ley 2272 de 2022 durante el desplazamiento en las ZUT, sin necesidad de que la Fiscalía lo autorice. "Preocupa que ahora, mediante la Resolución No. 0-142 de 2026, se introduzca una interpretación contraria que termina subordinando la aplicación de la ley a valoraciones adicionales no previstas expresamente por el legislador", afirmó el comisionado. También cuestionó que Camargo haya cambiado de postura, recordándole que en enero pasado "había reconocido que la suspensión de capturas operaba de pleno derecho y no por autorización del ente investigador".

Patiño enfatizó que solo el Presidente puede evaluar si un proceso de paz está en estado avanzado, algo que ya sucedió cuando el Gobierno creó las tres ZUT para el Clan en diciembre de 2025. Y se defendió diciendo que su actuación ha sido siempre dentro de la Constitución y la ley, "sin sustituir las competencias de la Fiscalía ni interferir en el ejercicio de la acción penal". La pulseada de poderes sigue sin resolverse.