Puerto López, corregimiento del municipio de El Bagre, se encuentra en una situación crítica de seguridad. Hace tres meses, en marzo, la Policía Nacional se fue del casco urbano, dejando a los pobladores prácticamente solos frente a una confrontación cada vez más violenta entre grupos armados que disputan el control territorial y las rentas ilegales de la zona.

Según reportes de la Defensoría del Pueblo dados a conocer este miércoles, dos organizaciones criminales dominan el conflicto: las disidencias de Calarcá del Bloque Magdalena Medio y el Clan del Golfo, que se autonombra EGC. Su lucha por el control afecta no solo a Puerto López, sino también al sur de Bolívar y otras regiones del nordeste antioqueño. Entre enero y mayo de este año, los pobladores han sufrido dos confinamientos masivos (cuando la gente no puede salir de sus casas por la violencia) y cinco desplazamientos forzados que han sacado a familias completas de sus territorios.

Lo más perturbador es la forma en que se desarrollan estas hostilidades. La Defensoría documentó amenazas, homicidios, restricciones a la movilidad y reclutamiento a la fuerza de menores de edad. Pero lo que genera mayor preocupación es el uso de drones adaptados para lanzar explosivos. Estos ataques con sistemas aéreos no tripulados han impactado viviendas e infraestructura civil en las veredas Bocas de Chicamoqué, El Socorro y La Ahumada. Las detonaciones se han extendido incluso a municipios vecinos como Segovia, donde han destruido hogares, matado ganado y équidos que pertenecen a familias campesinas que ya tienen poco.

La escala del problema en toda la región es alarmante. Según la Defensoría, en lo que va de 2026 se han contado 14 desplazamientos forzados masivos en seis municipios antioqueños (El Bagre, Briceño, Segovia, Remedios, Anorí y Yondó) y dos municipios de Bolívar (Río Viejo y Arenal). El resultado: más de 2.400 personas han tenido que abandonar sus hogares. Además, 6 confinamientos en el mismo período han mantenido a 7.700 ciudadanos restringidos en sus lugares de residencia, sin poder trabajar ni acceder a servicios básicos.

Ante esta crisis humanitaria, la Defensoría pidió al Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Unidad para las Víctimas, el ICBF y la Fuerza Pública que adopten medidas urgentes de prevención y asistencia. También solicitó al Ministerio del Interior convocar al Subcomité Nacional de Prevención y Protección para evaluar de manera integral la seguridad en el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño. La pregunta que queda en el aire es si estas solicitudes se convertirán en acciones reales para proteger a una población que, por ahora, está prácticamente abandonada a su suerte.