Apenas asumió sus credenciales como presidente electo, Abelardo de la Espriella lanzó su primer mensaje fuerte en materia de seguridad. Exigió a los grupos armados ilegales, particularmente a cabecillas como alias Iván Mordisco y alias Calarcá de las disidencias de las Farc, que se sometieran a la justicia o enfrentaran las consecuencias. El mensaje dejaba clara su ruptura con la estrategia de negociación que caracterizó al gobierno Petro.

La pregunta que ahora recorre los pasillos del palacio de nariño es si realmente puede hacerlo. ¿Tiene las herramientas legales para desmantelar la Paz Total cuando asuma el poder el 7 de agosto? La respuesta divide a los expertos en dos bandos casi irreconciliables.

Para Eduardo Montealegre, exfiscal general y exministro de Justicia del gobierno saliente, el nuevo presidente está atado de manos. Según él, durante el mandato de Petro se aprobaron leyes, decretos y resoluciones que transformaron la paz de una simple política de gobierno en una política de Estado. "Las decisiones sobre la paz no dependen de posturas del presidente de la República. Porque afortunadamente durante el gobierno de Gustavo Petro se logró consolidar un marco normativo... en las cuales se estableció claramente que la paz total no es política de un gobierno, sino que es una política de Estado", afirmó. En su criterio, romper estos procesos por decreto sería inconstitucional, pues la Constitución establece que la paz es tanto un derecho como un deber del Estado. "No se pueden romper abruptamente procesos de negociación que se hayan iniciado, porque siempre la historia y la experiencia internacional muestran que existen unos protocolos que son progresivos", insistió.

Pero esta no es la única voz. Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, plantea lo opuesto. Para él, gran parte de la Paz Total descansa sobre actos administrativos que dependen de la discrecionalidad del presidente de turno. "Las leyes y los decretos que fundamentan y sustentan esa denominada o mal denominada paz total dependen siempre de la discrecionalidad del Ejecutivo", sostuvo. Herrera observa que la política de Petro, aunque fue insignia de su gobierno, terminó siendo un fracaso: no consolidó un solo acuerdo de paz definitivo, mientras que simultáneamente los grupos armados expandieron su territorio y actividades criminales como secuestro, reclutamiento forzado y desplazamiento se dispararon. Para De la Espriella, el camino sería simplemente dejar de ejecutar beneficios, congelar alivios judiciales o suspender ceses al fuego.

El constitucionalista Juan Manuel Charry presenta una posición intermedia más realista. Explica que todo depende de la naturaleza jurídica de cada medida: lo que fue aprobado mediante actos administrativos sí puede modificarse por decreto, pero lo que tiene rango de ley requeriría tramitación en el Congreso. Esto significa que De la Espriella podría cambiar la operativa de los procesos, pero no necesariamente desmantelar todo su marco jurídico de una sola vez.

En la práctica, hay un tercer camino. Aunque formalmente no pueda "tumbar" los procesos de inmediato, un gobierno puede endurecer condiciones, reducir incentivos, cambiar el tono y simplemente dejarlos congelados. En otras palabras, vaciarlos de contenido sin eliminarlos legalmente.

Lo que está realmente en juego va más allá de argumentos constitucionales. Se trata de la seguridad del país y la tranquilidad en zonas rurales que temen lo que viene. La decisión será si el nuevo gobierno mantiene la apuesta por la negociación o regresa a una política de confrontación directa con los grupos armados ilegales.