El caso de Catalina Giraldo Silva ha puesto sobre la mesa un debate incómodo pero necesario en Colombia: el derecho a morir con dignidad cuando la vida se convierte en un sufrimiento insoportable. Esta psicóloga de 30 años decidió solicitar el suicidio médicamente asistido, un procedimiento donde el médico proporciona el medicamento pero es el paciente quien lo administra. Lo hizo ante Sanitas, su EPS, en octubre de 2025. Pero la respuesta fue negativa.

Catalina ha cargado durante 17 años con un dolor que no es solo emocional. Sus trastornos mentales diagnosticados como depresión mayor, trastorno límite de la personalidad y ansiedad no especificada se manifiestan en su cuerpo: palpitaciones aceleradas, temblores, dificultad para respirar, pesadillas que le roban el sueño. En su relato a Noticias Caracol, describió esa "sensación de vacío" que siente en el pecho y la angustia constante de despertar cada día. Llegó a probar aproximadamente 40 combinaciones de medicamentos diferentes, pasó por nueve hospitalizaciones en centros psiquiátricos y se sometió a tres ciclos de terapia electroconvulsiva. Nada funcionó.

Por eso, en 2025 tomó la decisión de buscar una salida ordenada, acompañada, sin violencia. No quería que fuera un acto impulsivo o clandestino que traumatizara a su familia. Quería que su madre y su hermana estuvieran presentes en un entorno controlado. Pero Sanitas cerró la puerta argumentando que no hay regulación legal para este procedimiento.

Aquí está el problema. La Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en 2022, pero dejó en manos del Congreso su reglamentación. Mientras tanto, hay un vacío legal que las EPS están usando para negar solicitudes. Catalina, junto con su abogado Lucas Correa, interpuso una acción de tutela esperando que la Corte estudie su caso. El objetivo es doble: que se apruebe su solicitud y que el Ministerio de Salud establezca normas claras sobre cómo aplicar esta figura en Colombia.

Correa argumenta que una regulación podría evitar muertes traumáticas. En Colombia se reportan cerca de 2.800 suicidios anuales, cifra que ha crecido durante la última década. Si hay personas decididas a terminar sus vidas, una opción segura y acompañada podría ser preferible al caos de los intentos impulsivos.

La madre de Catalina, María Ángela Silva, respalda la decisión de su hija aunque reconoce el dolor de aceptar esa realidad. Para ella, acompañarla sería un acto de amor, aunque mantiene la esperanza de un milagro. Mientras tanto, Catalina ha intentado quitarse la vida nueve veces. Su caso podría convertirse en el primero en abrir camino para el suicidio médicamente asistido en Colombia, un debate que toca preguntas éticas, jurídicas y profundamente humanas sobre quién decide cuándo y cómo termina una vida.