Las pruebas que respaldan la investigación contra la congresista Karen Manrique revelan un esquema donde su esposo, Gustavo González Ruiz, no era un simple acompañante en reuniones oficiales. Según la ponencia de 1.020 páginas del magistrado Misael Rodríguez de la Corte Suprema, González actuaba como el enlace operativo entre su pareja y contratistas en Arauca, particularmente en el municipio de Saravena. La Corte ordenó la prisión de Manrique y del congresista Wadith Manzur, mientras mantiene bajo investigación a otros parlamentarios.

El punto de quiebre está en una conversación del 14 de diciembre de 2023 entre Manrique y Sneyder Pinilla, subdirector de la UNGRD en ese momento. Manrique fue directa en sus intenciones: "Ese contrato lo voy a manejar yo a través de mi esposo", palabras que la Corte consideró como la confesión de un arreglo para controlar un proyecto de protección contra inundaciones en el río Bojabá, una obra que superaría los treinta mil millones de pesos. Pinilla, en sus declaraciones ante el tribunal, ratificó lo sucedido en esa reunión: "Ella me pregunta: 'Ingeniero, a usted le han hablado de un tema de un contrato de Saravena?'. Entonces yo le digo: 'No'. En ese momento no sabía. Yo le digo: 'No, no doctora, ¿por qué?'. Me dijo: 'No, es que le van a avisar sobre un contrato de Saravena. Ese contrato lo voy a manejar yo a través de mi esposo'; o sea, el señor Gustavo González Ruiz".

Lo que hace particularmente grave el caso es cómo González pasó de ser un acompañante a convertirse en un operador central. Pinilla compartía el contacto de González con otros funcionarios, presentándolo específicamente como "Gustavo González Ruiz Esposo Rte A La Cámara Arauca". El 14 de diciembre de 2023, ambos ingresaron a las oficinas de la UNGRD con solo tres minutos de diferencia: Manrique a las 9:07 de la mañana y González a las 9:10. Pinilla declaró que esa visita fue para hablar del "contrato de Saravena". González no solo acompañaba, sino que coordinaba con otro enlace regional llamado Camilo Díaz. Juntos decidían qué empresas podían participar en las invitaciones privadas. Además, llegó a presentarse personalmente en la UNGRD para exigir avances en la contratación, respaldándose en lo que la Corte interpreta como amenaza velada: "Si las cosas se complican, acá estamos nosotros al frente del cañón".

El proyecto del río Bojabá originalmente estaba catalogado como una "obra de intervención correctiva" desde 2021, pero en diciembre de 2023 fue reclasificado como "obra de emergencia". Este cambio permitió acelerar trámites y evitar controles técnicos más estrictos. El presupuesto final aprobado superó los treinta y cuatro mil millones de pesos, con ajustes que incluían limitar la interventoría al cinco por ciento y el AIU (administración, imprevistos y utilidad) al treinta por ciento. Aunque la obra respondía a una necesidad real de la comunidad araucana, la Corte concluyó que el proceso fue manipulado y usado como moneda de cambio entre el Ejecutivo y el Congreso.

La defensa de Manrique, a través de su abogado Andrés Garzón, rechaza estas acusaciones. Aseguró que "tanto la comunidad, como el Gobierno tienen explicaciones claras sobre esas reuniones" y que los contratos mencionados no tienen relación con empresas del esposo de la congresista. Garzón también sostuvo que las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla son "maniobras engañosas" para obtener beneficios judiciales.

Sin embargo, la Corte encontró que González Ruiz estuvo presente en múltiples reuniones durante julio y octubre de 2023, donde se trataron convenios para ollas comunitarias y asignación de maquinaria para obras en diferentes ríos del departamento. Aunque testigos comunitarios afirmaron que el papel de González se limitó a acompañar a su esposa, la Corte concluyó que estas interacciones fueron fundamentales para consolidar su posición como intermediario tanto a nivel central como regional, fortaleciéndolo en la gestión y distribución de recursos públicos.