En el Congreso colombiano se juega una batalla contra una de las violaciones más graves a los derechos de la infancia. El proyecto de ley 440, bautizado "Niñas sin Ablación", está a un solo debate de convertirse en norma, pero amenaza con desaparecer de la agenda legislativa si no es aprobado antes de que termine el actual periodo constitucional.

La alerta viene de Ángela Anzola, presidenta ejecutiva de la Fundación PLAN. En una entrevista concedida a Semana, la directiva explicó que la iniciativa ha sido relegada constantemente a los últimos lugares del orden del día en las plenarias del Senado. "La discusión ha quedado en los puestos doce o trece del orden del día y normalmente los congresistas no alcanzan a avanzar más allá de los primeros puntos", afirmó. Si el proyecto no se aprueba ahora, tendría que comenzar nuevamente todo su recorrido legislativo cuando entre el próximo Gobierno, lo que significaría años de retraso en la protección de miles de niñas.

Lo que muchos desconocen es que la ablación genital femenina no es un problema lejano. Aquí en Colombia sigue ocurriendo. Entre enero de 2024 y marzo de 2026 se documentaron al menos 98 casos según cifras de Anzola, pero ella advierte que el número real podría ser mucho más alto. La mayoría de los casos conocidos son aquellos que llegan a los hospitales con complicaciones de salud, lo que significa que muchas situaciones permanecen ocultas sin ser reportadas oficialmente.

Las consecuencias de esta práctica van mucho más allá de lo físico. "La mutilación genital femenina es una violación de los derechos de las niñas y de su integridad", señaló Anzola. La agresión genera daños permanentes en la salud mental y física, afectando la autonomía corporal, los derechos sexuales y reproductivos, y la dignidad de las menores. Algunos casos incluso ponen en riesgo la vida debido a las condiciones insalubres en que se realiza.

Un argumento recurrente en estos debates es que se trata de una práctica ancestral que forma parte de tradiciones culturales. Sin embargo, Anzola aclaró que comunidades indígenas han cuestionado esa narrativa. Investigaciones realizadas con participación de comunidades indígenas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Ministerio de Salud concluyeron que esta práctica está más vinculada a desigualdades históricas y normas de género que han estigmatizado la sexualidad femenina, no a una verdadera tradición que deba preservarse.

Lo esperanzador es que el cambio es posible. Hace más de 15 años varias comunidades indígenas han trabajado en transformar estas prácticas a través de la educación y el diálogo. Un hito importante fue en 2010, cuando las autoridades Emberá Chamí de Risaralda decidieron voluntariamente abandonar la mutilación genital femenina. Para Anzola, estos ejemplos demuestran que "los cambios culturales pueden lograrse mediante procesos educativos, diálogo comunitario y liderazgo de las propias mujeres, sin necesidad de recurrir exclusivamente a medidas punitivas".

Mientras el Congreso sigue dilatando el debate, las organizaciones que defienden los derechos de la infancia insisten en la urgencia de aprobar esta legislación. Sin ella, miles de niñas colombianas seguirán siendo vulnerables a una violación de sus derechos que marca sus vidas para siempre.