Desde hace tiempo circula la preocupación de que la Superintendencia de Industria y Comercio se ha convertido en una herramienta política del Gobierno Petro. Lo que parecía una inquietud sin mayor fundamento ganó peso cuando la Procuraduría General de la Nación llegó con sanciones. En primera instancia, la entidad disciplinaria castigó a 16 funcionarios y contratistas de la SIC por extralimitación de funciones. Entre los hallazgos más preocupantes estuvieron el acceso indebido a información de la Registraduría y de la Cancillería durante visitas e inspecciones. Los hechos encendieron las alarmas sobre si realmente se estaban respetando los límites legales en las actuaciones de la superintendencia.

Con la intención de corregir estos vacíos, se radicó ante el Congreso un proyecto de ley que busca establecer garantías procesales en la etapa de averiguación preliminar dentro de los procesos administrativos sancionatorios relacionados con protección de la competencia y el libre mercado. La propuesta no tardó en generar reacción. La superintendente Cielo Rusinque respondió diciendo que esta iniciativa representa "una nueva maniobra para debilitar a la SIC, poniendo en riesgo la lucha contra la corrupción económica, el interés general y los derechos de los consumidores". Pero ese argumento, según sus promotores, no es del todo exacto.

Exigir controles y respeto por el debido proceso no debilita las instituciones, las fortalece. Las reglas claras, la transparencia y las actuaciones ajustadas estrictamente a la ley son lo que realmente consolida una entidad pública. Una superintendencia no se robustece evadiendo el escrutinio ni actuando bajo interpretaciones discrecionales de sus facultades. Se robustece cuando sus funcionarios entienden que el poder público tiene límites constitucionales y cuando rinde cuentas de sus actuaciones.

El proyecto que se discute en el Congreso plantea medidas concretas. Propone prohibir visitas de inspección a organismos de control y órganos constitucionales para proteger la separación de poderes. Establece un plazo máximo de seis meses, prorrogables por otros seis, para que la SIC decida si archiva un caso o abre investigación formal. Busca garantizar el derecho de defensa desde el inicio de la actuación, antes de cualquier acusación. También limitaría las visitas de inspección a casos excepcionales debidamente justificados, prohíbe la inspección de dispositivos electrónicos sin orden judicial, protege el secreto profesional entre abogado y cliente, y evita que la SIC retenga equipos empresariales permitiendo solo la copia de información en el sitio.

Ninguno de estos mecanismos le quita facultades a la SIC para investigar prácticas anticompetitivas o imponer sanciones. Lo que hacen es garantizar procedimientos claros y seguridad jurídica para quienes son objeto de investigación. Actualmente, la etapa de averiguación preliminar funciona bajo un instructivo interno y no bajo una regulación legal sólida. Ese vacío abre la puerta a riesgos jurídicos y deja las actuaciones expuestas a eventuales nulidades judiciales.

La rendición de cuentas no es un ataque institucional. Es justamente lo opuesto: es la esencia del Estado de derecho. Ninguna autoridad, sin importar cuál sea su rango, puede actuar sin controles ni pretender que cualquier cuestionamiento significa un atentado contra el interés general. Colombia necesita instituciones imparciales que respeten el debido proceso, reglas claras que permitan recuperar la confianza y seguridad jurídica que atraiga inversión. Sin eso, ni la libertad económica ni la democracia pueden consolidarse.