Cuando se acerca cada temporada de huracanes en el Caribe, los providencianos reviven el pánico del 2020. No es solo el recuerdo del Iota lo que los mantiene en vela, sino la realidad de que sus hogares aún no ofrecen la protección que deberían. Cuatro años después de que invirtieran cerca de 1.3 billones de pesos en reconstrucción, las casas de estas islas colombianas siguen presentando fallas graves: corrosión, problemas estructurales, vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos. Es como si el desastre nunca hubiera terminado realmente.

En estos momentos decisivos, Providencia y Santa Catalina luchan contra el tiempo para que una iniciativa llamada Plan de Acción Específica, nacida de una sentencia de la Corte Constitucional, sea aprobada antes de que termine el gobierno actual. La esperanza de la comunidad está puesta en que esta delegación que viajaría a Bogotá en junio logre convencer al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de avanzar en un modelo completamente distinto al que fracasó hace seis años.

El problema, según los líderes locales, fue profundo y estructural. Durante el gobierno de Iván Duque Márquez, la reconstrucción fue manejada como un negocio donde las grandes constructoras nacionales recibían contratos y luego creaban cadenas interminables de subcontrataciones. Ángel Britton, vicepresidente de la Veeduría Cívica, lo explica claramente: "Cuando uno suma todas las intermediaciones, aproximadamente el 40% del presupuesto se perdió en el camino". Constructores locales fueron desplazados, la comunidad quedó dividida por decisiones políticas más que humanitarias, y el resultado fue un desastre dentro del desastre. La Federación de Pescadores Artesanales incluso denunció lo que calificaron como el "robo del siglo", pero esas acusaciones nunca derivaron en investigaciones visibles ni en justicia.

Lo que propone el nuevo plan es revolucionario para Colombia: autogestión mediante construcción delegada, contratación a través de organizaciones comunitarias, control desde fiducias, pagos contra entrega y la formación de constructores raizales. En otras palabras, devolver la decisión sobre su propio territorio a quienes lo habitan. Britton insiste en algo fundamental: "La vivienda no puede seguir viéndose como un producto mercantilizado. La vivienda es un proceso comunitario, cultural y humano".

Lo que más duele a los providencianos es que este escándalo sobre el manejo de recursos públicos casi no ha ocupado titulares nacionales ni ha motivado investigaciones profundas del periodismo independiente. Mientras tanto, la amenaza es real y urgente. Las proyecciones climáticas muestran que los próximos años serán más desafiantes, y la corrosión, la humedad salina y el deterioro no esperan por razones políticas ni electorales.

En el evento de lanzamiento de la Plataforma Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la lideresa ambiental providenciana Josefina Huffington elevó un pedido directo al presidente Petro: "No podré dormir tranquila hasta que mis hermanos y hermanas dejen de vivir con temor de un nuevo huracán por culpa de las condiciones en las que se hizo la reconstrucción anterior. Confiamos en que cumplan con el deber de corregir los errores del pasado".

Las próximas semanas serán cruciales. No se trata solo de un decreto o un contrato. Lo que Providencia y Santa Catalina defienden es su derecho como Pueblo Raizal a reconstruir su territorio desde la dignidad, la participación comunitaria y la justicia climática. Después de seis años viviendo en la incertidumbre, merecen al menos eso.