Los arquitectos e ingenieros sanandresanos levantaron la voz para que se le haga un ajuste importante a la licitación que convocó la gobernación para construir una pista de hielo en la región. A través de una carta dirigida directamente al gobernador Delroy Gordon Fox, el Colegio de Arquitectos e Ingenieros de San Andrés pidió que se modifiquen los pliegos de condiciones del proyecto con el propósito de garantizar que más empresas puedan participar en la contienda y, especialmente, que los negocios locales tengan oportunidades reales de acceder al contrato.

La Asociación presentó observaciones que van más allá de lo técnico. Señalaron que la convocatoria actual no respeta adecuadamente las normas legales que existen para proteger la mano de obra de las islas. Según los profesionales, hay leyes específicas que ordenan privilegiar a los trabajadores especializados y sin especializar que residen legalmente en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y la actual licitación no estaría considerando esto debidamente.

En su comunicado de prensa, la Asociación fundamentó su posición en normativas que consideran clave para el caso: el Artículo 310 de la Constitución, la Ley 47 de 1993, el Decreto Legislativo 2762 de 1991 y la Sentencia C-530 de 1993, entre otras. Con esto buscan que el gobernador entienda que no se trata solo de una preferencia, sino de una obligación legal que debe cumplirse en los procesos de contratación pública en el territorio insular.