Con la mira puesta en la transición presidencial, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República pusieron el acento en la transparencia del proceso. Los dos órganos de control exhortaron al Gobierno saliente y a las entidades de la Rama Ejecutiva para que garanticen que todos los informes de empalme con el equipo del presidente electo sean publicados y disponibles para que la ciudadanía pueda consultarlos a través de los canales institucionales, excepto aquellos que por ley tengan reserva o información clasificada.

Esta exigencia quedó consignada en la directiva conjunta 001 expedida el 30 de junio, en la que ambas instituciones recordaron los principios constitucionales y legales que deben regir la entrega y recepción de los informes de gestión durante el empalme. El mensaje fue claro: la información debe fluir de forma ordenada entre las administraciones que se turnan.

Los órganos de control fueron más allá y convocaron a quienes reciban la directiva a "suministrar información suficiente, verificable y oportuna sobre asuntos administrativos, contractuales, presupuestales y misionales a su cargo, con el fin de garantizar la continuidad del servicio público, la adecuada transición institucional y evitar la configuración de eventuales responsabilidades disciplinarias, fiscales o de otra naturaleza".

Uno de los puntos de mayor énfasis fue el de los contratos públicos. Procuraduría y Contraloría recomendaron al Gobierno saliente verificar que todos los contratos suscritos, ejecutados, liquidados y los que estén en curso hayan sido publicados en el SECOP, que es el sistema donde se registran las contrataciones del Estado. Además, advirtieron que "debe entregarse a la administración entrante información clara, completa y actualizada sobre los contratos cuyo plazo de ejecución esté próximo a vencer y respecto de los cuales sea necesario estructurar nuevos procesos de selección".

El mensaje de fondo es que no hay espacio para improviso en un cambio de Gobierno. La ciudadanía, a través de sus órganos de control, está pidiendo que el proceso se haga con rigor, transparencia y responsabilidad.