Con el objetivo de garantizar una transición ordenada entre administraciones, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República sacaron la Directiva Conjunta 001 de 2026. Firmada por el procurador Gregorio Eljach Pacheco y el contralor encargado Carlos Enrique Silgado Betancourt, el documento deja bien clara una realidad que algunos todavía cuestionan: los informes de gestión no son una opción, sino una obligación legal que no admite discusiones.

El incumplimiento de estos reportes puede desencadenar investigaciones disciplinarias y sanciones que van más allá: responsabilidades fiscales y otras consecuencias previstas en la ley. La directiva enfatiza que cada entidad debe entregar un informe detallado sobre los asuntos y recursos públicos que administró durante su período. Eso incluye no solo lo que quedó terminado, sino también los procesos que continuarán en manos del nuevo gobierno, más el estado de los recursos financieros, humanos y administrativos.

Uno de los énfasis más fuertes está puesto en la contratación estatal. Los organismos de control pidieron que se verifique que todos los contratos suscritos, ejecutados, liquidados o en curso estén publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, el SECOP. También exigieron que el gobierno saliente entregue información completa sobre contratos próximos a vencer, aquellos que necesiten nuevos procesos de selección, el avance de las obras, y los que presenten incumplimientos, controversias o procesos sancionatorios.

La transparencia no termina en la entrega de papeles. La directiva ordena que los informes de empalme y sus documentos de apoyo sean publicados y permanezcan disponibles para consulta pública, salvo los casos protegidos por reserva legal. El propósito es claro: garantizar la continuidad de la gestión pública y evitar traumatismos en la transición.

Los servidores públicos son convocados a entregar información "suficiente, verificable y oportuna" sobre sus responsabilidades administrativas, contractuales, presupuestales y misionales. Como lo subrayan ambos organismos, un empalme transparente no solo asegura que el servicio público continúe sin interrupciones, sino que también protege a los funcionarios responsables de la entrega de la administración al prevenir eventuales responsabilidades que podrían derivarse de un cambio desordenado.