La Procuraduría General de la Nación desató un golpe judicial contra la gestión estatal de dos grandes EPS del país. Abrió procesos disciplinarios contra ocho funcionarios que actuaron como interventores en Savia Salud y EPS SOS, y ordenó suspender provisionalemente a dos de ellos que aún están en ejercicio. Los nombres circulan en los expedientes: en Savia Salud investigan a Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, Diana Constanza Rodríguez Posso, Luis Óscar Gálvez Mateus y a William Humberto Salgado Gamboa, quien ahora está suspendido. Por EPS SOS, la medida afecta a Carlos Marino Escobar Vásquez, Carlos Eduardo Franco Muñoz, Sergio Andrés Gil Celis y a Carlos Alberto Betancur Castañeda, también suspendido.

La magnitud del asunto es considerable. Savia Salud tiene a su cargo más de 1,6 millones de afiliados, mayormente en Antioquia, mientras que EPS SOS atiende alrededor de 800 mil usuarios en el suroccidente colombiano. La Procuraduría llegó a esta conclusión después de verificar que las intervenciones ordenadas por la Superintendencia de Salud desde 2023 y 2024 respectivamente no solo no funcionaron, sino que las cosas empeoraron.

Los números hablan por sí solos. En Savia Salud, el déficit patrimonial pasó de menos 570 mil millones de pesos en 2022 a menos 1,1 billones en 2024, casi el doble. El incumplimiento de fallos judiciales llegó al 21 por ciento. Las quejas de usuarios crecieron 33 por ciento entre 2023 y 2025, y las tutelas interpuestas superaron 64 mil en ese mismo período. Por su parte, EPS SOS registró un incremento de 71 por ciento en reclamos de usuarios durante 2024, y la siniestralidad alcanzó 117,5 por ciento, una métrica que mide cuánto dinero gasta la EPS por cada peso que recibe, comprometiendo seriamente su capacidad de funcionar.

La Procuraduría atribuyó este desastre a la inestabilidad administrativa. Cada EPS tuvo cuatro interventores distintos en menos de 24 meses, lo que fracturó los planes de trabajo y profundizó la crisis de estas instituciones. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no se quedó callado. En un mensaje en X, afirmó sin rodeos: "Lo digo con total claridad: lo que está pasando con la salud en Colombia no es una discusión ideológica; es una tragedia humana que están pagando los pacientes".

Gutiérrez también denunció que desde la intervención de Savia Salud en junio de 2023, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y Comfama fueron excluidas de la junta directiva, dejándolos sin acceso a estados financieros. Señaló que en abril de 2025 las EPS intervenidas debían 168 mil millones a la red pública de Medellín, pero siete meses después esa deuda creció a casi 239 mil millones, un aumento del 42 por ciento. Savia Salud, según el alcalde, debe más de 202 mil millones que no han sido girados y afectan la sostenibilidad financiera de la red de salud local.

Gutiérrez cerró sus críticas cuestionando duramente al Gobierno Nacional. "Lo hemos dicho insistentemente: lo que quieren es acabar con el sistema", aseveró, y agregó una frase contundente sobre la administración Petro: "La salud no puede improvisarse, y parece que esa es la constante del Gobierno".