La situación de Asmet Salud EPS sigue siendo un dolor de cabeza para las autoridades de vigilancia en salud. La Procuraduría General de la Nación decidió suspender por tres meses a Lain Eduardo López Martínez, el agente especial interventor actual de la EPS, por sospechas de que ha contribuido al deterioro de los servicios que reciben los usuarios. Pero el problema no termina ahí: también abrió investigación formal contra cinco interventores anteriores que estuvieron al frente de la entidad desde 2023: Luis Carlos Gómez Núñez, Rafael Joaquín Manjarrés González, Javier Ignacio Cormane Fandiño, Gloria Libia Polanía Aguillón y Raúl Andrés Munévar.

Lo que preocupa a los funcionarios de la Procuraduría es que, en lugar de mejorar con la intervención estatal, Asmet Salud parece haberse hundido más. Desde visitas de inspección, detectaron un deterioro sistemático en la prestación del servicio y problemas graves en las finanzas de la entidad. Al parecer, aumentaron considerablemente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los afiliados, así como las acciones de tutela contra la EPS. La delegada para la Vigilancia Administrativa quiere establecer si los interventores incumplieron sus obligaciones y dejaron que la situación empeorara en lugar de mejorarla.

El panorama es especialmente grave si se considera que Asmet Salud tiene bajo su responsabilidad a más de 1,5 millones de afiliados, de los cuales el 96 por ciento pertenece a las poblaciones más vulnerables del régimen subsidiado. Estos son los colombianos que menos recursos tienen y, justamente, los que más dependen de que el sistema funcione. Los investigadores también quieren esclarecer por qué la sostenibilidad financiera de la EPS se deterioró, cómo aumentaron los costos, hubo contrataciones irregulares y por qué disminuyó el patrimonio de la entidad.

Pero hay más. La Contraloría General de la República hizo una auditoría a Asmet Salud y encontró hallazgos fiscales por 24.849 millones de pesos entre 2023 y 2024. La mayor parte de esos recursos, exactamente 23.426 millones, corresponde a giros de dinero que fueron autorizados de forma irregular por RG Auditores S.A.S., la firma que la Superintendencia de Salud designó como interventora. Según la Contraloría, "dicha firma modificó de forma injustificada e ilegal los montos aprobados para pago directo a prestadores". En otras palabras, se autorizaron pagos más altos de los que había solicitado la EPS.

Los números son preocupantes: Asmet Salud certificó a 91 prestadores de salud para que les giraran dinero directo, por un total de 47.809 millones de pesos. Sin embargo, a 74 de esos prestadores les giraron montos superiores a lo que había pedido la EPS. Hasta ahora solo se han recuperado 24.383 millones de pesos, dejando pendientes 23.426 millones que siguen en manos de terceros. Lo curioso es que Asmet Salud dice que ella no autorizó esos pagos adicionales, sino que fue la interventoría quien lo hizo. Pero la Contraloría no encontró pruebas de que la EPS haya hecho gestiones serias para recuperar ese dinero que no debería haberse girado. Ya han pasado más de dos años y el dinero sigue perdido.