La Procuraduría General de la Nación tomó la decisión de suspender provisionalmente a Carlos Carrillo, quien se desempeña como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por presunta participación indebida en asuntos de política. El organismo de control disciplinario actúa en respuesta a señalamientos sobre su intervención en el juego electoral, lo que violaría las restricciones que establece la ley para los servidores públicos.

Lo relevante del caso es que esta medida se produce apenas horas después de que la misma Procuraduría sancionara con suspensión provisional a Alfredo Saade, embajador de Colombia ante Brasil, bajo las mismas acusaciones de intervención política fuera de los límites permitidos. Dos funcionarios de alto nivel del Estado, dos sanciones por la misma razón en cuestión de poco tiempo.

El contexto no es menor: estas sanciones llegan en medio del cierre de campaña previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país. En este período crítico, la ley impone restricciones claras a los servidores públicos precisamente para evitar que usen su posición oficial para inclinar la balanza a favor de candidatos o movimientos políticos. Parece que la Procuraduría advierte que ha habido vulneraciones en este punto.