La Procuraduría decidió suspender por tres meses a Betty Cecilia Anaya, agente interventora de la EPS Capresoca, en una acción que refleja el profundo deterioro que ha sufrido la entidad desde que el gobierno Petro asumió su intervención hace poco más de un año. Los números son contundentes y preocupantes: mientras las quejas de los usuarios se dispararon 144%, las demandas judiciales por incumplimiento de derechos en salud crecieron 56%.

El documento de la Procuraduría, fundamentado en una visita administrativa realizada el 29 de enero, expone lo que describe como "graves deficiencias" en la gestión. La entidad detectó "el incumplimiento de los fines objeto de la medida de intervención forzosa administrativa de Capresoca EPS, con grave afectación del derecho fundamental a la salud de los afiliados por el aumento en las barreras de acceso a los servicios de salud y al deterioro financiero de la EPS, que amenaza su propia estabilidad y la de todo el Sistema General de Seguridad Social en Salud". Los números en satisfacción de usuarios lo dicen todo: en 2024 Capresoca alcanzó 64,1% de aprobación, pero en la última encuesta de 2025 bajó a 54%, una caída de más de 10 puntos.

Además de la suspensión de Anaya, la Procuraduría ordenó a la Defensoría del Pueblo enviar en cinco días un informe detallado sobre el manejo de recursos y el acceso de la población a los servicios de Capresoca. También pidió un segundo informe a la Dirección de Apoyo Estratégico de Análisis de Datos sobre todas las quejas registradas desde octubre de 2024, especialmente las relacionadas con incumplimientos de fallos de tutela.

Este no es un caso aislado. A finales de marzo, la Procuraduría había tomado una medida similar contra Lain Eduardo López, agente especial interventor de Asmet Salud, también suspendido por tres meses. Asmet, que atiende a más de 1,5 millones de afiliados de los que el 96% pertenecen a poblaciones del régimen subsidiado, enfrenta problemas similares: sostenibilidad financiera comprometida, aumento en los costos de servicios, contrataciones irregulares y un patrimonio en declive.

La Procuraduría aclaró que esta medida no puede ser recurrida ante otras instancias judiciales, dejando claro que la decisión es firme. El organismo de control busca establecer por qué las acciones de los servidores públicos interventores "presuntamente no contribuyeron al mejoramiento de las condiciones de acceso a los servicios de salud, sino, por el contrario, una presunta precaria e ineficiente atención para los afiliados". Lo que comenzó como un intento de rescatar estas EPS se ha convertido en un desastre que golpea principalmente a los colombianos más vulnerables.