Un golpe institucional acaba de sacudir el Congreso colombiano. La Procuraduría General de la Nación decidió suspender a Gloria Arizabaleta, representante del Pacto Histórico y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, por su intento de sacar al presidente Gustavo Petro del cargo. La medida rige hasta el 20 de julio de 2026, lo que significa que Arizabaleta no podrá terminar su actual período legislativo.

Todo comenzó cuando la congresista intentó ordenar la suspensión provisional del presidente, supuestamente basada en una participación indebida en política. Pero aquí viene lo grave: la Procuraduría argumenta que Arizabaleta simplemente no tenía la autoridad legal para hacer eso. Actuó por su cuenta, sin llevar el asunto a la sala plena de la Comisión, saltándose los procedimientos que manda la ley.

Para el Ministerio Público, la conducta podría configurar prevaricato por acción, es decir, emitir decisiones sin tener la competencia jurídica para hacerlo. Más allá del delito específico, la Procuraduría consideró que la permanencia de Arizabaleta en el Congreso representaba un riesgo institucional. Señaló que su comportamiento amenazaba la "dignidad humana" y el debido proceso, pues podría continuar adoptando decisiones contrarias al ordenamiento jurídico dentro del caso contra el presidente.

Las cosas se complican para la representante. Además de la suspensión, enfrenta una denuncia radicada ante la Corte Suprema de Justicia para investigar si incurrió en responsabilidades penales por la orden que impartió contra el mandatario. Este jueves la Sala de Instrucción del tribunal abrió formalmente una investigación preliminar.

Lo importante acá es que Arizabaleta no fue reelegida para 2026-2030, así que la suspensión cubre lo que resta de su período actual. Simplemente no volverá al Congreso ni podrá ejercer ningún cargo en la Comisión.

En cuanto a la investigación contra el presidente por presunta participación en política, esta continuará, pero ya no bajo el control de Arizabaleta. Deberá ajustarse a los procedimientos constitucionales correctos: en Colombia, la facultad de juzgar o suspender formalmente al presidente corresponde exclusivamente al Senado de la República, previa acusación de la Cámara de Representantes. No es algo que una sola congresista pueda decidir por cuenta propia, por mucho que sea presidenta de una comisión.