En un giro institucional sin precedentes, la Procuraduría General de la Nación decidió suspender provisionalmente a la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta. La medida llegó después de que la congresista, quien ejerce funciones en la Comisión de Acusación, profiriera una orden para suspender de su cargo al presidente Gustavo Petro. El problema es que simplemente no tenía autoridad legal ni constitucional para hacerlo.

La Procuraduría calificó lo que hizo Arizabaleta como una extralimitación de funciones que podría constituir una falta disciplinaria gravísima, potencialmente vinculada a un presunto delito de prevaricato. En otras palabras, la representante habría violado la ley al tomar decisiones que están fuera de su alcance.

El corazón del asunto está en la Constitución colombiana y en cómo funciona el sistema de pesos y contrapesos. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara tiene funciones de investigación, eso es cierto, pero no puede por sí sola suspender o destituir al presidente. Esa es una facultad exclusiva del Senado de la República, que solo puede hacerlo después de que la Cámara apruebe una acusación en plenaria. No es decisión de un investigador individual, por mucho poder que tenga en su comisión.

Al emitir un auto que va directamente en contra de lo que dice la Constitución, Arizabaleta habría cometido, según la Procuraduría, una flagrante violación legal. Por eso el órgano de control decidió actuar de inmediato, separándola de su cargo mientras avanza el proceso disciplinario formal contra ella.