La Procuraduría General de la Nación cerró un proceso disciplinario contra 16 funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio por irregularidades en visitas administrativas realizadas a la Registraduría durante 2024. Entre los sancionados figura Francisco Melo, el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, quien fue inhabilitado por un año para ejercer función pública y deberá pagar una multa.

Según reportó El Tiempo, durante esas visitas los funcionarios solicitaron, accedieron y extrajeron información de equipos de cómputo e aparatos móviles personales de servidores públicos de la Registraduría. Los empleados de ese organismo se negaron a entregar algunos dispositivos, argumentando que la SIC no tiene competencia para inspeccionar a la entidad electoral, que es independiente por ley. Todo esto ocurría mientras buscaban presuntas irregularidades en contratos con Thomas Greg & Sons.

El procurador delegado disciplinario Diomedes Yate Chinome explicó en su fallo que "ante la falta de un objeto de inspección claro, definido y específico, dicha condición conllevaría eventualmente a que los funcionarios y/o contratistas asignados, ejecutaran requerimientos indiscriminados, sin límites claros de información que pudieran ir en contravía de una adecuada planeación y ejecución de una visita, resultando dicho actuar en una violación a los principios de legalidad al solicitar, acceder y extraer información, sin que se definieran criterios claros que justifiquen y limiten cualquier requerimiento". Las faltas fueron calificadas como graves.

Además de Melo, otro de los principales sancionados fue Mario Alejandro Franco, suspendido e inhabilitado por nueve meses. También fueron sancionados Martha Liliana Fandiño, Yolanda Hernández Alonso, Mercy Lorena Agamez, Daniela Alvarado, Robert Alexis Núñez, Jessica Juliana Ortega, Daniel Leonardo Muñoz, María José Montejo Pino, Diana Carolina Gómez, Douglas Fernando Moreno, Noemí Rodríguez, Karen Angulo Sogomaso, Miguel Moreno Reina y Juan Pablo Martínez Cortés.

Thomas Greg & Sons, la firma detrás de estos contratos fiscalizados, ha sido proveedora del Estado desde 2010 en múltiples licitaciones, incluyendo la organización de elecciones regionales en 2011 y las presidenciales de 2022. Hace poco el gobierno de Petro anunció su intención de retirar a la empresa de la producción de nuevos pasaportes colombianos, un plan que fue respaldado cuando la Procuraduría pidió la nulidad de los convenios con la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.

El presidente Petro criticó duramente estas decisiones a través de su cuenta de X, argumentando que la Procuraduría se estaba involucrando en asuntos electorales. "Esto es plegarse al interés particular. Thomas Greg and Sons va por un acuerdo con un candidato. Si tumba el contrato de pasaportes es porque el acuerdo se realiza. Mal hace la Procuraduría al meterse en las elecciones presidenciales", escribió. También acusó que la intención detrás era permitir que la empresa se adjudicara nuevamente el contrato de pasaportes y que buscaría "devolver el favor en el escrutinio". Petro fue enfático al señalar que los pasaportes nunca más irían a Thomas Greg & Sons.