La Procuraduría General de la Nación sancionó a dieciséis funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio tras unas visitas llenas de irregularidades en marzo de 2024. Estas inspecciones se dirigieron a la Registraduría, la Cancillería y a la empresa Thomas Greg, supuestamente para investigar procesos contractuales relacionados con la fabricación de pasaportes. Sin embargo, la entidad de control encontró que los servidores públicos se extralimitaron en sus funciones.

El superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Francisco Melo Rodríguez, fue inhabilitado por doce meses para ejercer cargos públicos. Junto a él, Mario Fernando Franco Vanegas, quien notificó a la Cancillería y a la Registraduría sobre la intervención de la SIC, recibió una sanción de nueve meses. Los otros catorce sancionados fueron funcionarios y contratistas que participaron en estas inspecciones sin delimitar adecuadamente sus deberes ni establecer una cadena de custodia clara.

El problema de fondo fue que la SIC nunca definió específicamente el objetivo de sus visitas. La Procuraduría señaló en un fallo de doscientas quince páginas que la Superintendencia buscaba "recaudar información relacionada con los procesos de contratación adelantados por la entidad", lo que dejó indeterminado y sin tiempo definido el motivo real de la intervención. Esto constituyó una "extralimitación de funciones". Además, según la decisión, la SIC no tenía jurisdicción para inspeccionar a la Registraduría, que es un organismo autónomo estatal, no una empresa privada.

Otro grave problema fue el acceso a información sensible obtenida mediante coacción. Los funcionarios presionaron a servidores públicos para que entregaran celulares personales y datos que nada tenían que ver con una supuesta investigación sobre procesos contractuales. La Procuraduría enfatizó que "la información recolectada debe tener relación directa con el asunto investigado". Las inspecciones comprometieron incluso la reserva y confidencialidad del censo electoral, así como información sobre seguridad nacional y datos personales protegidos por la ley.

Todo este embrollo es parte de la larga batalla del Gobierno de Gustavo Petro por sacar a Thomas Greg de la fabricación de pasaportes. La multinacional ha diseñado ininterrumpidamente las libretas desde 2007. El Gobierno intentó declararla desierta la licitación en 2023, lo que generó demandas y conflictos jurídicos. Ahora el Estado busca implementar un nuevo modelo que será responsabilidad de la Imprenta Nacional a partir de abril.

Este caso también ha dejado sanciones en otras dependencias. La Procuraduría inhabilitó por diez años al excanciller Álvaro Leyva, quien declaró desierta esa licitación. La Fiscalía además le imputó prevaricato por "proferir varios actos administrativos contrarios a derecho" el pasado nueve de diciembre. El conflicto ha sacudido el Gobierno, con salidas de funcionarios como Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien se convirtió en testigo clave contra Leyva.