A seis días de las elecciones presidenciales, Iván Cepeda lideró un evento de campaña que terminó siendo bastante comentado. En la Asociación de Trabajadores de la Educación en Sincelejo, capital de Sucre, se reunieron alrededor de tres mil personas. El problema está en la semana en que ocurrió: la ley electoral prohíbe expresamente los actos de campaña en plazas públicas durante los últimos siete días antes de los comicios. Por eso los cierres de campaña se concentraron entre el 22 y 24 de mayo.

Lo particular de este evento es que Sucre tiene un peso emocional para Cepeda. Su madre, Yira Castro, militante del Partido Comunista, nació en Sincelejo, algo que el candidato recordó durante su discurso. Los videos del mitin se compartieron rápidamente en redes sociales y eso llamó la atención de sus detractores. El exministro José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato de la derecha Abelardo de la Espriella, no dudó en tachar el encuentro de "evidentemente ilegal" y acusó tanto al gobierno de Gustavo Petro como a Cepeda de incumplir las normas electorales.

Pero la Procuraduría General de la Nación tiene otra lectura del asunto. Su jefe, Gregorio Eljach, salió en defensa del acto un día después de realizado. En rueda de prensa explicó que se trataba de un espacio privado, que "estaba cerrado con mallas y los presentes habían sido invitados, seleccionados". Su conclusión fue contundente: "Que sea masivo no le quita que sea privado".

El Pacto Histórico respaldó esta versión. En un comunicado oficial, el partido oficialista aclaró que la reunión fue un acto programático organizado por su comisión agraria en un recinto cerrado de la Ades. Según el partido, esa comisión viene trabajando desde diciembre de 2025 con organizaciones campesinas, de pescadores, pueblos indígenas y comunidades negras, actividades que iniciaron en San Onofre, a 71 kilómetros de Sincelejo.

Lo que viene es incierto. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, anticipó que "posiblemente llegará alguna queja o solicitud" para que el tribunal político investigue lo sucedido. De momento, el Ministerio Público no considera que merezca sanción, pero el CNE aún tiene la puerta abierta para revisar si el evento violó las restricciones electorales de esa última semana de campaña.