La Procuraduría General le dio un voto de confianza parcial a la emergencia económica, social y ecológica que el Gobierno Petro decretó en febrero pasado tras la ola invernal que azotó varios departamentos colombianos. Sin embargo, ante la Corte Constitucional pidió que se eliminen dos apartados específicos: uno sobre el mercado de energía y otro relacionado con el acceso a la tierra.

El Decreto Legislativo 150 de 2026, firmado el 11 de febrero por el presidente Gustavo Petro, declaró la emergencia en ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Esta medida permite al Gobierno expedir normas con fuerza de ley para enfrentar la crisis, siempre que estén directamente ligadas a solucionar el problema. El decreto reportó 65 emergencias, 61 municipios afectados, más de 252.000 personas impactadas, 10 fallecidos y daños generalizados en viviendas, vías, puentes, acueductos, colegios y centros de salud.

El procurador general, Gregorio Eljach, reconoció que las lluvias excepcionales y las inundaciones de enero y febrero fueron hechos graves e inminentes que justificaban el uso de facultades excepcionales. También verificó que el Gobierno informó correctamente a la Organización de Estados Americanos y a Naciones Unidas, como lo exige la jurisprudencia constitucional para estados de excepción.

Pero la Procuraduría no estuvo de acuerdo con todo. Cuestionó que el Gobierno usara la emergencia para tocar temas de largo aliento como los problemas históricos de tenencia de tierras. Según el concepto del Ministerio Público, nunca quedó claro de qué manera esos problemas estructurales requerían una respuesta inmediata para atender la crisis climática. De igual forma, pidió que se descartaran los apartes sobre afectaciones al Mercado de Energía Mayorista y al sistema eléctrico.

La Corte Constitucional está estudiando la validez del decreto. El expediente está en manos del magistrado Miguel Efraín Polo, quien debe elaborar una ponencia para que la Sala Plena debate el tema. Lo importante es que los jueces constitucionales no solo revisan si hubo una calamidad real, sino si cada decisión del Gobierno tiene conexión directa con esa emergencia. La decisión final definirá si el decreto se mantiene tal como está o si algunos de sus fundamentos quedan fuera del marco constitucional.