El procurador general Gregorio Eljach salió al paso este miércoles contra la decisión de la guerrilla del ELN de prolongar el cautiverio de cuatro funcionarios públicos que mantiene secuestrados. Con palabras directas, la Procuraduría tildó la situación de "inaceptable" y reafirmó que el secuestro es un delito, no un acto de justicia revolucionaria.

"El secuestro no es justicia, es un delito. Es un ataque a un país y un ultraje a la dignidad humana. El procurador general desconoce rotundamente el poder de juzgamiento a civiles", manifestó la Procuraduría General de la Nación en un comunicado oficial.

Los cuatro hombres afectados tienen rostro y nombres concretos. Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, fueron capturados en mayo de 2025 en Arauca. Según anunció el ELN, deberán permanecer en poder de la guerrilla durante 60 y 55 meses respectivamente. A ellos se suman los policías Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, de la Dirección de Investigación Criminal, secuestrados en julio del mismo año. El grupo armado impuso "condenas" de 36 y 32 meses para ellos, ampliando así su tiempo de prisión.

El procurador exigió "la liberación inmediata y sin condiciones" de todos los secuestrados, y dirigió un llamado directo al Gobierno Nacional para que adopte las medidas necesarias en defensa del orden nacional y la salvaguarda de los derechos fundamentales.

Este anuncio del ELN ha generado una onda expansiva de rechazo en el país. Sectores políticos y sociales se han pronunciado contra las acciones de este grupo ilegal, en momentos en que los diálogos de paz que sostuvieron con el Gobierno del presidente Gustavo Petro no prosperaron. Aunque durante esas conversaciones se logró un acuerdo para que el ELN renunciara al secuestro con fines económicos, en la realidad los hechos muestran que la guerrilla nunca ha dejado de practicar este delito.