La Procuraduría General de la Nación cerró un ciclo de justicia disciplinaria al confirmar la destitución de nueve policías que participaron en la masacre de Chochó, en Sincelejo. El crimen ocurrió el 25 de julio de 2022 en el corregimiento sucreño, donde fueron asesinados tres jóvenes que después se supo eran inocentes de los cargos que les imputaban.

La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento ratificó en esta ocasión el fallo emitido en agosto de 2024. Con la decisión, ordenó la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos de los uniformados implicados. Entre ellos está el teniente coronel retirado Benjamín Darío Núñez Jaramillo, quien en ese momento comandaba la Seguridad Ciudadana del Departamento de Policía Sucre. A Núñez le cayeron 19 años de inhabilidad desde el lado disciplinario.

Pero su responsabilidad no quedó solo ahí. Núñez también fue condenado penalmente a 29 años de prisión luego de aceptar cargos mediante un preacuerdo con la Fiscalía. Se le comprobaron delitos como homicidio agravado, falsedad en documento público, privación ilegal de la libertad y alteración de pruebas. Después del crimen, el exoficial se fugó a México, pero posteriormente fue deportado para enfrentar a la justicia colombiana.

Las víctimas fueron Carlos Alberto Ibáñez, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz. Todos ellos fueron acusados sin fundamento de pertenecer al Clan del Golfo, justificación que la policía usó para ejecutarlos. El capitán Cristian Alberto Betancur Salamanca también fue sancionado con 15 años de inhabilidad, mientras que varios patrulleros recibieron inhabilitaciones entre 11 y 13 años. Para todos ellos significó su salida definitiva de la institución.

En la decisión, el Ministerio Público también reconoció como víctima a Cindy Paola Sierra Monterroza, hermana de José Carlos Arévalo, quien presenció las agresiones contra su hermano y se atrevió a testificar en el proceso judicial. Su testimonio fue clave para que la verdad saliera a la luz en Sucre.