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Procuraduría pide respuesta coordinada ante miles de colombianos mercenarios en guerras mundiales

Fuente: La FM - Colombia
Procuraduría pide respuesta coordinada ante miles de colombianos mercenarios en guerras mundiales
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La ONU advierte que más de 10.000 colombianos han sido reclutados como mercenarios en conflictos armados en diferentes países, incluidos Congo, Ucrania y Sudán. Expertos de Naciones Unidas visitaron Colombia para investigar las redes de reclutamiento y sus efectos en derechos humanos. La Procuraduría pidió que distintas entidades del Estado actúen coordinadamente para frenar este fenómeno que crece y afecta principalmente a exmiembros de la Fuerza Pública.

La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas sobre un fenómeno que viene creciendo en el país: miles de colombianos reclutados para pelear en guerras lejanas. En una reunión con delegados de la ONU que están en el país investigando estas dinámicas, el Ministerio Público dejó claro que necesita una respuesta coordinada entre todas las instituciones del Estado.

Los números preocupan. La ONU estima que más de 10.000 colombianos han sido vinculados como mercenarios en diferentes conflictos alrededor del mundo. Las guerras de la República Democrática del Congo, Ucrania y Sudán son algunos de los lugares donde se ha detectado su participación. "El fenómeno de ir al extranjero a combatir o a apoyar operaciones de seguridad va en aumento y plantea diversos retos a las autoridades", señaló en rueda de prensa la presidenta del grupo de trabajo de la ONU, la sudafricana Michelle Small.

Lo inquietante es cómo funciona el reclutamiento. Según lo documentado por Naciones Unidas, muchos de estos casos involucran a exintegrantes de la Fuerza Pública que son contactados a través de redes privadas o intermediarios. A veces las ofertas llegan con condiciones poco claras o francamente engañosas, lo que abre la puerta a que estos ciudadanos colombianos terminen en situaciones de explotación laboral o incluso trata de personas.

Desde la Procuraduría insistieron en que el Estado debe fortalecer los mecanismos de control y vigilancia sobre estas actividades. También subrayaron la importancia de desarrollar estrategias de prevención que eviten que más colombianos caigan en estas redes. Para la institución, el desafío va más allá de lo criminal: tiene implicaciones en seguridad nacional, política exterior y protección de los derechos de los ciudadanos que son reclutados de manera irregular.

Fuente original: La FM - Colombia

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