El futuro de la senadora Isabel Cristina Zuleta llegó a un punto decisivo este 23 de febrero. El Consejo de Estado realizó la audiencia pública para definir si la pierden su investidura, luego de las polémicas acciones que protagonizó durante el 'tarimazo' celebrado en Medellín hace poco más de un año.

En ese evento de junio de 2025, peligrosos reclusos como alias Douglas, Tom y Carlos Pesebre, conocidos capos de las bandas del Valle de Aburrá, compartieron escenario con el presidente Gustavo Petro en la Plaza de la Alpujarra. Según los demandantes, Zuleta se propasó de sus facultades legales al gestionar el traslado de estos presos desde la cárcel de Itagüí hacia ese lugar, sin contar con las autorizaciones necesarias para hacerlo.

El abogado demandante Édgar Quintero fue directo en la acusación, asegurando que hubo una clara usurpación de funciones que solo pueden ejercer los jueces. Para él, la senadora se extralimitó de sus competencias al interferir en decisiones que corresponden al Ejecutivo. "Es indiscutible un abuso de poder del Legislativo sobre el Ejecutivo", denunció Quintero, cuestionando además por qué el Inpec guardó reserva sobre la orden de traslado.

Pero la jornada trajo una sorpresa: la Procuraduría General de la Nación tomó partido por Zuleta. Según el procurador delegado Carlos José Holguín, no hay pruebas que sustenten acusaciones de tráfico de influencias o de que ella hubiera recibido beneficios a cambio de sus gestiones. Eso fue un respaldo importante para la senadora en un momento crítico.

Zuleta se defendió argumentando que sus acciones fueron completamente legales. Afirmó que solo presentó una solicitud escrita como parte del proceso de paz urbana que lidera el Gobierno nacional. Según ella, trasladar reclusos para audiencias públicas es un procedimiento común y que su rol fue el de una mediadora política. "Yo no presioné de manera indebida", manifestó ante el magistrado Germán Eduardo Osorio.

Mientras tanto, la Corte Suprema, la Fiscalía y la Contraloría continúan adelantando sus propias investigaciones sobre lo ocurrido. Ahora el Consejo de Estado tiene en sus manos la decisión final: determinar si Zuleta realmente excedió sus límites legales o si actuó dentro de sus facultades como congresista. De eso dependerá si mantiene su cargo en el Senado.