La Procuraduría no quedó satisfecha con lo que le entregó la Alcaldía de Santa Marta sobre el alumbrado público. Por segunda ocasión, el organismo de control exigió información clara y respaldada sobre cómo se ha estructurado y ejecutado este servicio en la ciudad. La respuesta que llegó el pasado 4 de junio simplemente no resolvió las preocupaciones sobre el manejo de estos recursos.

Lo que tiene inquieto al ente de control es bastante. Hay hallazgos que necesitan explicaciones precisas en lo jurídico, técnico y documental. Entre las banderas rojas están un posible incumplimiento de restricciones electorales y modificaciones al contrato original de la Concesión 002 de 2000, que probablemente los samarios no conocen pero que afectan directamente sus bolsillos.

También preocupa cómo se están usando los recursos que salen del impuesto de alumbrado público. La Procuraduría quiere claridad sobre quién es responsable de qué entre operadores, administradores y prestadores del servicio. Y espera ver avances reales en cómo se reorganizará la prestación del servicio, algo que el Concejo Distrital autorizó.

El organismo fue claro: respuestas vagas no sirven. "La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se han contratado, administrado y ejecutado los recursos destinados a financiar el alumbrado público", señaló. La transparencia no es un capricho, es un derecho cuando se trata de dinero de todos los samarios.

La Procuraduría mantiene los ojos abiertos en este caso. Advirtió que si la Alcaldía no presenta aclaraciones completas, la situación podría profundizarse en una evaluación más exhaustiva. Al fin y al cabo, estamos hablando de un servicio que impacta la seguridad y la calidad de vida de la ciudad.