La Procuraduría General de la Nación acaba de meter el acelerador en su cuestionamiento al nuevo sistema de pasaportes del gobierno Petro. Con carácter de urgencia, pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspenda inmediatamente los contratos que respaldan este cambio en la expedición de documentos de viaje. Los acuerdos involucran a la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal, y ya están vigentes desde el primero de abril.

Desde el Ministerio Público advierten que el proceso fue armado sin los cimientos necesarios. Argumentan que faltan estudios de mercado que justifiquen por qué se recurrió a la contratación directa en lugar de una licitación pública abierta. Además, señalan vacíos profundos en la planeación previa y en los documentos de justificación. Todo esto, según la Procuraduría, pone en riesgo el bolsillo público en un acuerdo que implica transferencias superiores a los 1,3 billones de pesos.

El procurador delegado Marcio Melgosa ha destapado irregularidades que sonarían graves en cualquier auditoria. La primera: la Casa de la Moneda de Portugal funciona como una empresa privada en su país, no como una entidad pública extranjera. Eso es un problema porque la ley exige que sea pública para usar la figura de convenio interadministrativo, que fue la que utilizaron aquí. La segunda irregularidad es igual de preocupante: la Imprenta Nacional de Colombia no tiene la capacidad técnica necesaria y actúa únicamente como una "simple intermediaria".

En la práctica, lo que esto significa es que la Imprenta solo se encargaría de personalizar las libretas de pasaporte. Todas las actividades importantes las ejecuta el operador portugués. Eso, según la Procuraduría, desvirtúa completamente la naturaleza del contrato y sugiere que debió hacerse una licitación pública donde compitieran varios operadores.

El tiempo juega en contra de los que buscan frenar esto. Cada día que pasa, la maquinaria sigue llegando y se consolidan hechos que reducen las opciones para que la justicia pueda restaurar el orden legal y proteger los derechos colectivos. Por eso la urgencia de la petición.

Lo que busca la Procuraduría ahora es que el gobierno replantee el esquema contractual. Quieren que se ajuste a principios de transparencia y selección objetiva, que siga garantizando la prestación del servicio, pero que abra la puerta a que otros operadores del mercado puedan competir. Una propuesta que, de prosperar, obligaría a replantear todo el proyecto de los pasaportes nuevos.