El futuro del polémico decreto de emergencia económica que el Gobierno de Gustavo Petro expidió el 22 de diciembre pasado ahora descansa en manos de la Corte Constitucional. La Procuraduría General de la Nación, encabezada por Gregorio Eljach, le envió al magistrado Carlos Camargo un concepto claro: tumben casi todo lo que contiene ese decreto, menos lo que tenga que ver con salud.

El análisis del Ministerio Público fue contundente en sus críticas. Solo considera que las disposiciones sobre aseguramiento en salud y la equiparación de la prima pura de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) cumplen con los requisitos constitucionales para mantenerse. El procurador argumentó que el sistema de salud colombiano ha enfrentado tensiones acumuladas durante décadas, con antecedentes como la Sentencia T-760 de 2008, más cambios demográficos, el aumento de enfermedades raras y los crecientes costos por innovación tecnológica. Por eso, según su concepto, sí se justificaría una medida excepcional en este frente.

En cambio, la Procuraduría pidió que se declaren inexequibles todos los artículos relacionados con recursos para defensa, la Unidad Nacional de Protección, atención de desastres naturales, pago de sentencias judiciales y obligaciones atrasadas del Estado. El dictamen sostiene que estas cuestiones no tienen una conexión directa, específica y necesaria con la crisis que el Ejecutivo invocó para declarar la emergencia, y que muchas responden a problemas estructurales o fallas de planeación previa.

El Gobierno había decretado la emergencia para enfrentar un déficit estimado de $16 billones en el presupuesto de 2026. Sin embargo, desde enero de 2026 la Corte Constitucional ya había suspendido provisionalmente los efectos del decreto para evitar lo que llamó "daños irreparables" en el recaudo tributario. Ahora el tribunal tiene hasta el 16 de abril para pronunciarse de fondo, mientras que la ponencia debe estar radicada antes del 11 de marzo.

Aunque el concepto de la Procuraduría no es vinculante, será determinante para que la Corte defina si mantiene parcialmente el decreto o lo tumba en su totalidad. La decisión llegará en medio de la crisis humanitaria que afronta el país en el Catatumbo, que fue uno de los argumentos que esgrimió el Gobierno para justificar la medida extraordinaria.