La alarma por la crisis de seguridad en La Guajira llegó hasta la Procuraduría General de la Nación. Durante una sesión de control político en la Asamblea Departamental, la entidad de fiscalización trazó un panorama preocupante del departamento: hechos violentos en aumento, economías ilegales enquistadas y conflictos sociales que erosionan la convivencia ciudadana.

El encuentro dejó en evidencia problemas estructurales que requieren soluciones inmediatas. Los centros penitenciarios y estaciones de policía están saturados, y urge terminar la construcción del nuevo penal en Riohacha. Pero eso es solo la punta del iceberg. El narcotráfico y el microtráfico siguen drenando recursos y reclutando gente en las comunidades. La Fuerza Pública, según lo planteado en la jornada, necesita refuerzos reales para recuperar presencia territorial.

Hay un detalle que refleja la complejidad del conflicto: La Guajira comparte frontera con Venezuela, y desde allá fluyen delitos como el hurto de vehículos. La Procuraduría propuso avanzar en mecanismos de cooperación binacional para enfrentar esto. Además, reconoció que en los territorios indígenas la aplicación de la ley enfrenta desafíos particulares porque la normatividad nacional no siempre encaja con las particularidades culturales de esas comunidades.

La delegada del Ministerio Público fue clara en su exigencia: las instituciones deben mantenerse articuladas, y los alcaldes no pueden quedarse en la orilla. Pidió que participen activamente en los consejos de seguridad y que las reuniones de estos comités sean periódicas, no esporádicas. Solo así, insistió, los compromisos se traducen en acciones que de verdad protejan a la gente.