La Procuraduría General de la Nación salió al paso de un problema que venía en firme: muchas administraciones territoriales no estaban cumpliendo sus responsabilidades en materia de protección animal. Por eso sacó la Directiva 012 de 2026, un documento que busca que alcaldes, gobernadores y otros funcionarios públicos se pongan en serio con el bienestar de nuestras mascotas y animales callejeros.

La nueva directiva no deja mucho a la interpretación. Ordena acciones concretas como realizar jornadas de esterilización, atender animales en condición de calle, crear o activar centros de bienestar animal y armar fondos municipales específicamente para cuidar a los animales. También fija plazos para que los territorios presenten planes de acción y avancen en la creación de centros regionales de bienestar animal.

Pero la cosa no se queda solo en buenos propósitos. La Procuraduría metió en la jugada a los inspectores de Policía, con orden de capacitarlos para atender casos de maltrato animal y aplicar las herramientas que existe a través de la Ley Ángel. También le pidió al Ministerio de Ambiente y Educación que cumplan compromisos pendientes en estos temas, incluida la enseñanza sobre tenencia responsable de animales en las escuelas.

Para que todo esto no se quede en el papel, la Procuraduría creó una mesa nacional donde se reúnen entidades nacionales, autoridades locales y organizaciones que defienden a los animales. Todos tendrán que presentar informes periódicos sobre cómo van en el cumplimiento.

Lo que dejó claro el organismo de control es que esto no es negociable. Quien no cumpla estas obligaciones puede enfrentar investigaciones y sanciones disciplinarias. La Procuraduría considera que la protección animal es un deber legal que todas las instituciones del Estado deben asumir sin excusas.