La Procuraduría General de la Nación desplegó nuevamente sus servicios en los territorios Wayúu de la zona rural de Riohacha, esta vez enfocándose en dos comunidades: El Arroyo y Summa Wayúu. La jornada, la quinta de su clase, atendió a aproximadamente 350 personas, principalmente niñas, niños, adolescentes y mujeres en estado de gestación o lactancia. La actividad fue liderada por la delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer.

Durante estas ferias de servicios, las familias Wayúu accedieron a atenciones que generalmente encuentran bloqueadas por la distancia y las limitaciones territoriales. Se ofrecieron evaluaciones de salud, valoraciones nutricionales, trámites de identificación documental y asesoría sobre los programas institucionales disponibles. Todo esto fue posible gracias a una articulación entre la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales, entidades del nivel nacional y territorial, y los propios líderes comunitarios Wayúu que facilitaron el acceso.

Estas iniciativas no son casuales. Responden directamente a lo ordenado por la Corte Constitucional en las sentencias T-302 y T-556 de 2017, donde declaró un estado de cosas inconstitucional en La Guajira. La Corte exigió a las autoridades garantizar los derechos fundamentales de la infancia indígena, particularmente en salud, nutrición y protección contra la desnutrición, problemas históricos en la región.

Desde la Procuraduría subrayan que estas ferias representan una herramienta real para materializar derechos en poblaciones étnicas y romper las barreras estructurales que siguen pesando en La Guajira. La entidad reafirmó su compromiso de continuar vigilando y acompañando en territorio, asegurando que las políticas públicas lleguen efectivamente a quienes más las necesitan en el departamento.