En los sectores de El Arroyo y Summa Wayuu, en la zona rural de Riohacha, se realizó una nueva jornada en la que instituciones del Estado acercaron servicios directos a las comunidades wayuu que habitan esa región. La Procuraduría General de la Nación informó el viernes 8 de mayo que fueron alrededor de 350 personas las que accedieron a atención médica, apoyo nutricional, servicios de identificación y asesoría institucional durante esta actividad.

La jornada fue la quinta que organiza la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer de la Procuraduría. El enfoque estuvo puesto en niñas, niños, adolescentes y madres gestantes y lactantes, población que enfrenta vulnerabilidades particulares en territorios rurales. La actividad contó con el apoyo de diferentes entidades del orden nacional y territorial, así como con representantes de las propias comunidades wayuu.

Este trabajo responde a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional a través de las sentencias T-302 y T-556 de 2017, que buscaban enfrentar lo que la corte identificó como un estado de cosas inconstitucional que afecta a estas comunidades indígenas. Con iniciativas como esta, la institucionalidad busca avanzar en el cierre de brechas de acceso a derechos fundamentales y mejorar las condiciones de vida en territorios que históricamente han estado rezagados en la oferta de servicios estatales.