Con la vista puesta en los comicios presidenciales del próximo año, la Procuraduría General de la Nación sacó del cajón una nueva estrategia para blindar el proceso electoral. Se llama "La línea que no se cruza" y es la continuación de su campaña "Paz Electoral", diseñada para evitar que los funcionarios públicos abusen de sus cargos metiendo las manos en política.

El procurador general, Gregorio Eljach, fue claro en el mensaje: la iniciativa marca en el terreno las conductas que sí están permitidas y las que definitivamente están prohibidas para los servidores públicos mientras se desarrolle el proceso electoral. No es un llamado a la buena fe, sino una línea roja que no se puede traspasar.

La lista de prohibiciones es concreta. Los funcionarios no pueden financiar ni promover campañas políticas desde sus puestos. Tampoco pueden presionar a otros servidores públicos o subalternos para que respalden a candidatos. Está vedado usar recursos del Estado para actividades electorales, difundir propaganda política desde funciones oficiales, favorecer a partidos políticos desde entidades estatales, ni siquiera usar información reservada con propósitos electorales.

La Procuraduría no deja dudas sobre las consecuencias. Quien incumpla estas normas se expone a sanciones disciplinarias e incluso a procesos penales. La entidad dice que vigilará de cerca cualquier participación indebida de los funcionarios públicos durante las elecciones.