El organismo de control decidió abrir una investigación disciplinaria para revisar las irregularidades que presuntamente se presentaron en un contrato de 2022 destinado a la compra de drones para la Policía Nacional. El valor del acuerdo supera los 3.700 millones de pesos y, según la Procuraduría, hay dudas sobre cómo se ejecutó y supervisó desde el comienzo.

La indagación que acaba de iniciar el Ministerio Público va a examinar tanto los pasos previos a la firma del contrato como lo que sucedió durante toda su ejecución. Los investigadores revisarán con detalle cómo se eligió al contratista que ganó la licitación y verificarán si las obligaciones pactadas se cumplieron realmente.

En el proceso disciplinario fueron vinculados varios funcionarios y exfuncionarios del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (Forpo) y del Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando (Cippa). Los nombres incluyen al coronel en retiro Didier Alberto Estrada Álvarez, la capitán Alhejandra Sepúlveda Figueroa, el intendente Ismael de Aguas Boea y el mayor Edwin Arley Espejo Navarro.

El contrato que ahora está bajo lupa contemplaba la adquisición de sistemas aéreos remotamente tripulados, más conocidos como Siart, con el propósito de fortalecer las capacidades operativas de la Policía. Con esta investigación, la Procuraduría busca determinar si los servidores públicos involucrados cometieron faltas disciplinarias en el proceso.