En el sector Fórum de los Libertadores de Arauca, la aparición de excavadoras trabajando dentro del lecho del río encendió las alarmas entre los ciudadanos vigilantes. Lo que se vio en las imágenes disparó las sospechas: maquinaria pesada removiendo arena del cauce y trasladándola en volquetas hacia otros puntos del municipio. La Veeduría Ciudadana decidió actuar y presentó la denuncia ante las autoridades. Eso bastó para que la Procuraduría General de la Nación decidiera meter las manos en el asunto.

Lo que más preocupa a quienes denunciaron es la falta de documentación. Según la queja formal, "No existe acto administrativo escrito, resolución, permiso ni autorización formal expedida por la autoridad ambiental que sustente legalmente la intervención del cauce, ni se cuenta con estudios técnicos integrales que soporten la necesidad, urgencia o seguridad de las obras ejecutadas". La Veeduría además remarca tres puntos críticos: no hay declaratoria de calamidad pública ni emergencia por inundación que justifique todo esto, no existen estudios técnicos, hidráulicos o ambientales que respalden las obras, y todo esto ocurrió en condiciones normales del río, no en escenarios de desastre.

Tras recibir el reclamo, la Procuraduría Regional de Arauca pasó a la acción. Pidió a la administración municipal todos los documentos relacionados: actas del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, estudios técnicos, constancias de permisos ambientales ante Corporinoquia y autorizaciones de la Agencia Nacional de Minería. Es importante aclarar que esto es una actuación preventiva, es decir, una verificación para saber si lo hecho está dentro de la ley, no una sanción definitiva.

Los expertos también advierten sobre los posibles daños ambientales. Alterar el lecho del río puede cambiar su dinámica hidráulica, provocar erosión y afectar los ecosistemas de las orillas. Todas esas preocupaciones están siendo evaluadas por las autoridades competentes en este momento.

Desde la alcaldía sostienen que todo obedece a medidas preventivas antes de la temporada invernal. El problema es que, según los documentos que la propia administración entregó, no había declaratoria de calamidad pública vigente cuando se ejecutaron las obras.

El alcalde Juan Alfredo Quenza Ramos salió a defenderse públicamente por redes sociales. Aseguró que el cuestionamiento responde a que "quieren hacer las cosas diferentes" y que el propósito es proteger a la población e infraestructura durante el invierno. "Yo me defiendo con abogados, están jodiendo es la gente de a pie", expresó el mandatario, agregando que "ni hacen ni dejan hacer (...) QUIEN NO NECESITA RELLENO HOY EN SUS CASAS, quien no necesita mejorar una Vía, mejorar una Cancha y poder salvarse del Cruel invierno cada vez que llueve". La defensa del alcalde toca un punto sensible: la necesidad real que tienen muchos araucanos de rellenos y mejoras en sus viviendas ante el riesgo de inundaciones.