Una fiesta sin permiso dentro de la cárcel La Paz en Itagüí desencadenó una investigación de la Procuraduría para determinar quién permitió la entrada del cantante vallenato Nelson Velásquez a ese penal antioqueño. El evento, que según reportes incluyó bebidas alcohólicas y contó con participación de personas privadas de la libertad, salió a la luz por denuncias públicas y generó una cascada de críticas porque en esa cárcel cumplen condena jefes de bandas criminales de Medellín.

Lo grave del asunto radica en que algunos de estos reclusos están involucrados en el proceso de "paz urbana" impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Se trata de personas condenadas por narcotráfico y extorsión que participan en las mesas de diálogo de la política de "paz total". El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, fue directo al respecto: aseguró que "la fiesta no fue autorizada por el Gobierno" y dejó claro que aunque existe un régimen especial de visitas los miércoles para estos reclusos, como acuerdo en las mesas de diálogo, eso de ninguna manera autoriza celebraciones como la que ocurrió.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia realizó una inspección disciplinaria en el lugar de los hechos y en la Dirección Regional del Inpec para identificar a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que participaron en la organización. Por su parte, el Inpec ya tomó medidas internas: removió al director encargado del establecimiento, trasladó al comandante de vigilancia y abrió investigación disciplinaria contra siete funcionarios que estaban de servicio al momento en que el artista ingresó.

Este episodio no es aislado en la historia carcelaria colombiana. Trae a la memoria casos como el de la cárcel La Catedral en Antioquia, donde el narcotraficante Pablo Escobar estuvo recluido a principios de los años noventa con condiciones de lujo controladas por él mismo. O el de la base militar de Tolemaida en Tolima, conocida en 2013 como "Tolemaida Resort" porque militares condenados por violaciones a derechos humanos disfrutaban de beneficios indebidos.

La parranda en Itagüí evidencia nuevamente un problema estructural: la incapacidad del Estado colombiano para ejercer control real dentro de sus cárceles y la vigencia de privilegios ilegales que no deberían existir en ningún centro de reclusión.