En Cartagena se avecina un escrutinio importante sobre uno de los proyectos de infraestructura más costosos de los últimos años. La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa sobre el contrato que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) suscribió para modernizar, operar y mantener el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, que supera los mil billones de pesos en valor.

Lo que preocupa a los investigadores del Ministerio Público es una brecha que parece existir entre lo que originalmente se prometió durante la licitación y lo que finalmente se contrató. De acuerdo con lo conocido hasta ahora, habría una variación cercana a los 114 mil millones de pesos, lo que representa alrededor del 9,57 por ciento del Valor Presente del Ingreso Esperado del proyecto. No es una cifra menor cuando hablamos de inversión pública.

Pero el asunto no termina ahí. La Procuraduría también está revisando irregularidades que surgieron después de que se firmó el contrato. Según lo reportado, hay inconsistencias en la minuta contractual que incluyen ajustes en indicadores técnicos, pólizas, fórmulas financieras y requisitos contables. Estos cambios fueron tan significativos que motivaron solicitudes de modificación del contrato por parte de quien ganó la concesión.

El Aeropuerto Rafael Núñez es vital para Cartagena. Funciona como puerta de entrada para el turismo de una de las ciudades más visitadas de Colombia y es fundamental para toda su operación aérea comercial. Por eso, cualquier irregularidad en su modernización despierta alarmas tanto en la ciudad como en el nivel nacional.

De momento, la Procuraduría se encuentra en fase de recopilación de información para determinar si hubo irregularidades de carácter administrativo o disciplinario. Cuando termine esta etapa preliminar, sabremos quiénes podrían ser responsables de lo que aparentemente no funcionó como debería haber sido desde el principio.