El Ministerio Público prendió las alarmas sobre un oscuro negocio que involucra sistemas aéreos para la Policía Nacional. La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria para determinar si existieron irregularidades en un contrato de drones cuyo costo superó los $3.700 millones de pesos y fue firmado en 2022.

Cuatro funcionarios están bajo la lupa de los investigadores. Entre ellos está el coronel en retiro Didier Alberto Estrada Álvarez, quien era director general del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (FORPO) cuando se hizo la contratación. También están señalados la capitán Alejandra Sepúlveda Figueroa, entonces coordinadora del Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando (CIPPA); el intendente Ismael de Aguas, verificador de información de esa dependencia; y el mayor Edwin Arley Espejo Navarro, quien supervisaba el contrato en nombre del FORPO.

Según la Procuraduría, la investigación se enfoca en las etapas previa y de ejecución del contrato. Los investigadores quieren saber si durante esos procesos se cometieron actuaciones que afectaron la legalidad del trámite y el cumplimiento de lo pactado. Un punto clave será revisar cómo se definieron los criterios para escoger al contratista, ya que el ente de control considera que pudo haber deficiencias en la estructuración de esos factores.

Por ahora, el Ministerio Público está en la fase de recolectar pruebas para reconstruir cómo se llevó a cabo todo el proceso y verificar si los funcionarios actuaron conforme a sus responsabilidades. La Procuraduría aclaró que la investigación está en etapa preliminar y su objetivo es determinar si hay elementos suficientes para formular eventuales cargos disciplinarios.