La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas sobre el contrato para modernizar el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena. La entidad abrió una indagación previa para investigar a responsables de la Agencia Nacional de Infraestructura por lo que considera posibles irregularidades en el acuerdo, cuyo valor supera un billón de pesos.

El quid del asunto está en una diferencia de casi 114 mil millones de pesos entre lo que se ofreció en el proceso de selección y lo que finalmente se firmó. Esa discrepancia representa el 9,57 por ciento del Valor Presente del Ingreso Esperado del contrato. Según la Procuraduría, esto "derivaría en la alteración de la ecuación económica del contrato y ello podría generar un perjuicio a la ANI, ya que se ampliaría indebidamente el valor de los ingresos proyectados del concesionario".

Pero los problemas no terminan ahí. Tras la suscripción del contrato, habrían salido a la luz errores y diferencias en la minuta contractual que toca aspectos cruciales como indicadores técnicos, pólizas, fórmulas financieras y requisitos contables. Frente a estas inconsistencias, el concesionario habría presentado solicitudes de modificación que ahora están bajo el escrutinio de la Procuraduría.