En el corazón de Cartagena, la cárcel Ternera enfrenta una alerta sanitaria que tiene en vilo a las autoridades. La Procuraduría General de la Nación inició acciones preventivas tras la confirmación de 17 casos de tuberculosis entre la población reclusa este año, según reportes del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis). El ministerio público no dejó el asunto al azar y comenzó a recopilar información detallada del INPEC, la USPEC y las autoridades sanitarias locales y departamentales para dimensionar el verdadero alcance de la crisis.

Lo que preocupa a los investigadores va más allá de los números. Quieren saber cuántos casos confirmados y sospechosos hay realmente, qué pruebas médicas se han practicado, qué protocolos se implementaron para frenar la propagación y, especialmente, si hay medicamentos e insumos disponibles. Los funcionarios de la Procuraduría Regional de Bolívar también verifican las condiciones de atención médica, el diagnóstico oportuno y las medidas de aislamiento adoptadas en el centro.

La tuberculosis no es un problema menor. Se trata de una enfermedad infecciosa provocada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis que afecta principalmente los pulmones y se propaga cuando una persona enferma tose, estornuda o habla. Sin tratamiento adecuado —un curso de antibióticos de 6 a 9 meses— aproximadamente dos tercios de los afectados pueden morir. El riesgo se dispara en espacios cerrados y hacinados, justamente las condiciones que persisten en muchas cárceles del país.

Los datos oficiales señalan que el Dadis reportó los 17 casos el 16 de mayo y esa cifra se mantiene. Pero hay un detalle inquietante: la entidad confirmó que recientemente tomaron nuevas muestras que están en análisis. Eso significa que los números podrían aumentar en los próximos días, lo que elevaría la alarma entre reclusos y personal penitenciario.

La Procuraduría es clara en su posición: la situación requiere medidas urgentes de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento adecuado. El organismo busca garantizar el derecho fundamental a la salud de las personas privadas de libertad y del personal que trabaja en el establecimiento. Además, no descarta adoptar medidas disciplinarias si se comprueba negligencia de las autoridades responsables.

Mientras tanto, Cartagena espera con tensión los resultados de esas nuevas muestras. El riesgo de que una enfermedad prevenible se convierta en una tragedia masiva en una cárcel ya depende de las acciones que tomen las autoridades ahora.