La Procuraduría General de la Nación abrió fuego contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por una presunta intervención inapropiada en política durante las elecciones presidenciales. Todo sucedió en Valledupar, capital del Cesar, cuando el funcionario asistió a la apertura de la jornada electoral en un departamento con casi un millón de votantes habilitados.

El problema, según el ente de control, está en un video que circuló en redes sociales. En la grabación, Sanguino invitó a la ciudadanía a votar, pero fue más allá: resaltó que una de las opciones "respalda un proyecto de transformación y de cambio que es el que ha liderado el presidente", refiriéndose aparentemente al senador Iván Cepeda. Para la Procuraduría, esas palabras "podrían entenderse como una muestra de apoyo a una candidatura en concreto". La decisión llegó en un documento de cuatro páginas firmado por la Sala de Instrucción del Ministerio Público. Sanguino no se ha pronunciado al respecto.

Este caso llega en medio de una tormenta más amplia. El presidente Gustavo Petro mostró públicamente su voto hace poco, lo que encendió debates sobre los límites entre participación legítima y propaganda electoral. Hace apenas tres días, el Consejo de Estado le ordenó al mandatario abstenerse de divulgar campañas electorales a favor o en contra de cualquier aspirante a la Casa de Nariño, una restricción que rige desde 2005.

Lo más preocupante es la escala del problema dentro del gobierno. La Procuraduría tiene abiertos 142 expedientes contra funcionarios de distintos niveles por participación electoral indebida. Entre ellos hay seis ministros del gabinete Petro, algunos enfrentando más de una causa. El procurador Gregorio Eljach reveló que uno de esos expedientes está "listo, incluso, para pliego de cargos", la etapa que confirma un llamado a juicio disciplinario.

El caso más reciente antes de Sanguino es el del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La Procuraduría lo investiga por declaraciones hechas en Coyaima, Tolima, donde aseguró que "hasta el perro y el gato tienen que salir a votar". Sin una votación masiva, "nos va a llevar quien nos trajo", afirmó junto a Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos y representante electo por el Pacto Histórico.

Ambas investigaciones están en fase de recolección de pruebas. La Procuraduría ordenó preservar los videos y recabar más información antes de decidir si hay mérito para formular cargos. El procurador aclaró que una grabación por sí sola no es suficiente. "Eso dura como un minuto y pico", dijo sobre el video de Jaramillo, "uno ahí no puede tomar una decisión de si violó o no una norma prohibitiva".

Si Sanguino o Jaramillo confiesan su falta disciplinaria en esta etapa, las sanciones de inhabilidad, suspensión o multa se reducirían hasta la mitad. Si lo hacen después del pliego de cargos, la Procuraduría proferiría una decisión en dos semanas.