La Procuraduría General de la Nación decidió abrir una investigación disciplinaria contra la ministra de Ambiente, Irene Vélez, y varios altos funcionarios del sector ambiental por supuestas irregularidades relacionadas con el proyecto hidroeléctrico Urrá I. Según el documento oficial del 26 de marzo de 2026, la investigación fue asignada a la Procuraduría delegada Disciplinaria de Instrucción 2, y se origina en un análisis previo sobre la gestión y decisiones tomadas frente a este importante proyecto energético.

Entre los implicados en la investigación figuran exdirectivos y funcionarios de entidades clave como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, además de directivos de la empresa Urrá S.A. El Ministerio Público recopiló información de distintas autoridades y del titular de la licencia ambiental durante una actuación preventiva, con el propósito de identificar posibles fallas en el cumplimiento de normas y procedimientos.

Durante el análisis, la Procuraduría revisó en detalle el expediente de la licencia ambiental del proyecto Urrá I y otros procesos sancionatorios relacionados. El objetivo es establecer si existieron irregularidades en la gestión, seguimiento o control de esta obra. Ahora busca determinar si los funcionarios involucrados incurrieron en faltas disciplinarias en el ejercicio de sus funciones, especialmente en materia de vigilancia ambiental, supervisión de licencias y cumplimiento de obligaciones legales.

Por el momento, se trata de una etapa inicial del proceso donde aún se recopilan pruebas y se establecen los hechos que serán materia de investigación. Las autoridades no han definido responsabilidades, pero el caso pone bajo escrutinio decisiones clave en uno de los proyectos hidroeléctricos más relevantes del país y abre nuevo debate sobre cómo se controla institucionalmente las grandes obras energéticas y el papel de las entidades responsables de garantizar el cumplimiento de normas ambientales.

La Procuraduría indicó que continuará con el desarrollo de la investigación para esclarecer lo sucedido y establecer si hubo fallas que puedan derivar en sanciones disciplinarias.