La Procuraduría General de la Nación decidió abrir investigación contra tres congresistas después de descubrir un represamiento masivo de denuncias que nunca fueron procesadas ni repartidas. El caso involucra a los representantes Alirio Uribe y Gloria Elena Arizabaleta, ambos del Pacto Histórico, junto con Wilmer Carrillo. Lo que se busca determinar es si estos congresistas actuaron con negligencia al no tramitar correctamente los casos acumulados contra el presidente Petro.

El hallazgo surgió tras una inspección técnica en la Comisión de Acusación del Congreso. Allí descubrieron cifras impresionantes: unos 3.000 expedientes archivados sin avances sustanciales, de los cuales aproximadamente 290 corresponden específicamente a denuncias radicadas contra Gustavo Petro por diversos motivos. La Procuraduría señala que investigará presuntas conductas relacionadas con "falta de diligencia, falta de organización y posibles prevaricatos por omisión de los representantes".

Dentro de esos 290 procesos, se identificaron diez casos que se abrieron de oficio basándose en declaraciones que hizo el presidente en redes sociales y actos públicos durante los últimos meses de la contienda electoral. Gloria Arizabaleta, presidenta de la corporación, confirmó los números de radicación de esos expedientes (6440, 7097, 7150, 7332, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471 y 7472), aunque no quiso revelar qué contenían.

Mientras esto ocurría, el presidente Petro se refirió al tema durante un evento en el Magdalena. "Ya me quieren procesar: vida no es el nombre de un candidato y muerte tampoco. Pero hay que pensar porque o si no, lo que hacen es matar a nuestros propios hijos. Y ya ha pasado", expresó el jefe de Estado, cuestionando indirectamente las investigaciones que enfrenta.