La Procuraduría General de la Nación decidió abrir una investigación disciplinaria contra siete embajadores y representantes diplomáticos designados durante la administración del presidente Gustavo Petro. La acusación central es que habrían participado indebidamente en política a través de redes sociales en plena campaña presidencial de 2026. El auto que ordena la apertura formal fue firmado el 17 de junio por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2, y en él se señala que "procede este Despacho a ordenar la apertura de investigación disciplinaria por presunta participación indebida en política".

Los siete funcionarios bajo investigación son Luis Ernesto Vargas Silva (embajador ante la OEA), Milton Rengifo Hernández (en Venezuela), José Roberto Acosta Ramos (en Argentina), Luis Fernando Medina (ante la OCDE), Jhenifer Mojica (ante la FAO), Daniel Prado Albarracín (en Bélgica) y Elizabeth García Carrillo (en Bolivia). Todos fueron designados por el gobierno actual y, según el expediente, mantienen cercanía con el proyecto político del Ejecutivo.

La investigación se originó en una queja presentada por Eduardo Andrés Mestre Rodríguez, quien denunció que estos diplomáticos "presuntamente estarían utilizando redes sociales como Instagram y X (antes Twitter) donde, según el quejoso, se avizora presuntamente proselitismo político, muestras de apoyo y/o respaldo a candidatos que aspiran a la Presidencia de la República para el período constitucional 2026-2030". Los hechos cuestionados habrían consistido en republicar contenidos, compartir mensajes o realizar manifestaciones interpretables como respaldo a campañas presidenciales.

Vale aclarar que la apertura de investigación no significa que ya haya culpables ni sanciones definidas. Lo que inicia es una etapa preliminar en la que la Procuraduría debe recopilar pruebas para saber si realmente ocurrieron faltas disciplinarias. Para ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe entregar los documentos personales de cada investigado, y la entidad de control solicitó ayuda especializada para revisar sus publicaciones en redes sociales. La Procuraduría también analizará antecedentes disciplinarios previos y permitirá que los funcionarios rindan sus declaraciones con abogado si lo desean.

El timing es sensible: esta investigación llega apenas cinco días antes de la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella. Ahora corresponderá a la Procuraduría establecer si las publicaciones y expresiones cuestionadas respetaron los límites que la Constitución y la ley fijan para que los servidores públicos participen en política electoral.