La Procuraduría General de la Nación decidió abrir investigación disciplinaria contra los interventores que han estado al frente de Coosalud EPS durante los últimos dos años. El panorama que justifica este proceso refleja la profunda crisis que enfrenta la salud en Colombia: mientras el Estado designaba supervisores para controlar a la entidad, los afiliados seguían enfrentando filas, demoras y falta de medicamentos.

Entre los funcionarios bajo la lupa figuran Mauricio Camaro Fuentes, Gloria Libia Polanía, Carlos Eduardo Franco Muñoz y Julio César Piñeros Cruz, quienes cumplieron labores de interventores en el control estatal de la aseguradora. Además, Alexander Mesa Romero fue suspendido de manera provisional durante tres meses mientras avanza la investigación. El expediente disciplinario se formalizó el 12 de marzo de 2026 para determinar si estos agentes permitieron que prosperaran irregularidades en la gestión que comprometieron la salud de los afiliados.

Lo que encontró la Procuraduría durante su seguimiento no es un panorama alentador. El ente de control identificó dificultades persistentes en la prestación de servicios: aumento acelerado de quejas, demoras prolongadas en diagnósticos y tratamientos médicos, y retrasos crónicos en la entrega de medicamentos. Estos problemas, según la investigación, ocurrieron mientras estos funcionarios cumplían labores de supervisión y tomaban decisiones administrativas clave dentro de Coosalud.

La investigación tiene antecedentes documentados. El 14 de agosto de 2025 se realizó una visita administrativa y de control de gestión que luego fue ampliada en enero de 2026. Ese informe advirtió sobre una posible vulneración reiterada del derecho fundamental a la salud y sobre factores que estarían desestabilizando financieramente el sistema. Esta información fue remitida a la Procuraduría el 4 de febrero de 2026 por su delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social.

Los números nacionales dimensionan la urgencia del asunto. Según cifras que publicó la Corte Constitucional esta semana, en 2025 se interpusieron 312.567 tutelas por temas de salud, lo que representa un aumento de 17,9 por ciento frente a 2024, cuando se presentaron 265.173. Esto significa que 47.394 casos más llegaron a los juzgados el año pasado. Lo más preocupante es que el 33 por ciento de todas las tutelas presentadas en 2025 fueron por problemas de salud: casi una de cada tres acciones legales ciudadanas tuvo que ver con dificultades para acceder a servicios médicos. A diario, los juzgados recibieron 856 tutelas por este motivo: 35 cada hora.

Mientras la Procuraduría continúa recopilando información y realizando verificaciones para establecer responsabilidades en la gestión de Coosalud, el expediente sigue su curso disciplinario. La investigación no solo busca determinar qué salió mal durante la intervención, sino también si quienes la dirigieron actuaron con la debida diligencia para frenar el deterioro progresivo de los servicios que reciben millones de colombianos.