La Procuraduría General de la Nación decidió abrir una investigación preliminar contra funcionarios de Nueva EPS después de que muriera Jeisson Javier Pinzón Sandoval, un joven de apenas 20 años que enfrentó una batalla contra la leucemia sin obtener a tiempo el medicamento que le habría permitido continuar su tratamiento.

Durante meses, el paciente estuvo esperando la entrega de blinatumomab, una inmunoterapia fundamental para combatir su cáncer. Aunque contaba con órdenes médicas y fallos judiciales que respaldaban su derecho a recibir el fármaco de manera oportuna, Nueva EPS aparentemente no brindó la respuesta que la situación exigía. La gravedad del caso radica en que alguien con diagnóstico de cáncer nunca debería estar en una carrera contra el reloj por conseguir su medicina.

La investigación que adelanta la Procuraduría buscará determinar cuál fue exactamente la atención que brindó la EPS, cómo respondió frente a las solicitudes del paciente y si existieron incumplimientos que hayan contribuido al deterioro de su salud. Jeisson Javier no guardó silencio: antes de morir hizo público su caso, generando una ola de indignación que volvió a exponer las grietas del sistema de salud colombiano.

Este caso se suma a una larga lista de historias donde el derecho a la vida choca con los laberintos administrativos de las EPS. Familias que luchan, médicos que prescriben tratamientos, juzgados que ordenan entreguen los medicamentos, pero en el camino algo falla. Y mientras eso falla, hay personas que mueren esperando.