La Guajira vive una convulsión política de consecuencias impredecibles. La Procuraduría General de la Nación propinó un golpe judicial contundente contra Jorge Armando "Nenón" Figueroa Angarita, el congresista más votado de la región, al abrir una investigación disciplinaria que amenaza directamente con quitarle su curul en el Capitolio Nacional.

El detonante fue una queja ciudadana radicada el 29 de abril de 2026 que señala al dirigente político de haber mantenido participación accionaria en la empresa IMF Ingeniería S.A.S. mientras ejercía como Secretario de Despacho de la Gobernación. Lo grave es que esa firma integró el consorcio que ganó el contrato para construir el alcantarillado pluvial del barrio Lleras en Barrancas. La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Primera investiga si Figueroa violó las disposiciones de la Ley 80 de 1993, omitiendo declararse impedido, ocultando su conflicto de intereses y usando su poder político para beneficiar financieramente a su empresa privada.

El ente de control está moviéndose rápido. Ya ordenó requerimientos urgentes a la Cámara de Comercio de La Guajira para conocer el porcentaje exacto de acciones de Figueroa, y pidió auditar los giros financieros y actas de interventoría a la Gobernación y la Alcaldía de Barrancas. También solicitó verificar si el investigado falseó sus declaraciones de conflicto de intereses al ingresar al servicio público.

El reloj corre en contra de "Nenón" Figueroa. Faltan solo días para el 20 de julio, cuando se instala el nuevo Congreso de la República. Si la Procuraduría confirma la inhabilidad antes de esa fecha, quedará prohibido que el electo se posesione como Representante a la Cámara. Con ello, sus más de 64 mil votos se perderían y la curul sería asumida por el siguiente candidato en la lista.

Este drama judicial no corre solo. Avanza en sincronía con una demanda de nulidad electoral ya admitida por el Consejo de Estado, interpuesta por el abogado Fabián Cotes González. Aunque Figueroa mantiene por ahora su presunción de inocencia y sus garantías constitucionales de debido proceso, el destino de su carrera política en Bogotá está pendiendo de un hilo en los escritorios de la Procuraduría.