Una médica de Angostura, Antioquia, enfrenta un proceso disciplinario tras ser acusada de no activar los protocolos de emergencia cuando una menor llegó a la institución donde labora para reportar que había sido víctima de violencia sexual. La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra la profesional por presuntas irregularidades que habrían comprometido la protección de la niña y el acceso a la justicia.

Los hechos que originaron la investigación ocurrieron el 16 de febrero. Según la Procuraduría, la médica omitió activar de manera inmediata los protocolos establecidos para estos casos y no informó oportunamente a las autoridades correspondientes. Además, la investigación señala que tampoco se aplicaron correctamente los procedimientos relacionados con la cadena de custodia de elementos materiales probatorios y evidencia física, tal como lo contempla el Código de Procedimiento Penal.

El proceso disciplinario es llevado por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal, que calificó preliminarmente la conducta como una posible falta grave cometida bajo modalidad de culpa grave. Las autoridades continúan recopilando información para determinar si hubo omisiones en la actuación de la profesional frente al caso.

Este acontecimiento vuelve a encender la alerta sobre la importancia de que los sistemas de salud y protección actúen rápidamente cuando una menor reporta abuso sexual. Organismos nacionales e internacionales advierten que este tipo de violencia sigue siendo una de las más difíciles de detectar y denunciar en Colombia. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha señalado que muchas víctimas enfrentan temor, estigmatización y barreras institucionales que las desalientan de reportar lo sucedido y acceder a apoyo integral.

La violencia sexual contra menores no solo implica agresiones físicas, sino también otras prácticas que afectan profundamente la integridad y salud emocional de quienes la padecen. Las consecuencias se extienden a nivel familiar, social y psicológico, generando daños que pueden persistir durante toda la vida. Por eso, cuando un niño o niña llega a un hospital o centro de salud en estas circunstancias, cada minuto cuenta para garantizar su protección y que la justicia pueda actuar.