La Procuraduría General de la Nación prendió las alarmas y abrió una investigación preliminar contra funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia por irregularidades en interceptaciones telefónicas. El blanco de estas presuntas "chuzadas" fue el candidato presidencial Abelardo De La Espriella. La Sala Disciplinaria de Instrucción tomó la decisión después de que medios de comunicación revelasen información sobre la elaboración de reportes de inteligencia relacionados con una conversación del aspirante con los hermanos Bautista, accionistas principales de la empresa Thomas Greg & Sons, que se encarga de procesos logísticos electorales.

Durante las diligencias iniciales, el ente de control convocó a declarar al entonces director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía. En su comparecencia, Mejía reconoció que sí hubo interceptaciones telefónicas, pero aseguró que estas habrían sido practicadas contando con autorización judicial previa. Sin embargo, la Procuraduría decidió no quedarse con esa versión y ordenó verificar directamente si existía realmente esa orden judicial que respaldara las actuaciones.

La Procuraduría fue clara en sus propósitos: busca esclarecer exactamente qué pasó, identificar a los responsables de lo ocurrido, y determinar si hubo faltas disciplinarias que sancionar. Con ese objetivo sobre la mesa, el organismo de control decretó la práctica de pruebas para avanzar en la indagación.